Una visita in situ de la Relatoría especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos de los pueblos indígenas es lo que esperan los movimientos sociales, luego de las jornadas de protesta que se iniciaron este mes.

Esto, para que se constaten los maltratos físicos y psicológicos de los que habrían sido víctimas los indígenas antes, durante y después de las manifestaciones que se produjeron entre el 13 y 23 de agosto en Quito, Saraguro y Macas.

Ayer, en rueda de prensa, Nina Pacari, coordinadora de la defensa jurídica de los indígenas detenidos en las manifestaciones, recordó que la relatora Victoria Tauli-Corpuz, ya realizó un pronunciamiento en el que deja conocer su preocupación por las protestas violentas que se han dado en el país.

En el documento aboga por “una investigación justa e imparcial de todos los hechos violentos denunciados por las diferentes partes”. También pide la aplicación del debido proceso de los detenidos, “especialmente de aquellos que se encuentren en tal situación por haber ejercido su derecho a manifestarse pacíficamente”.

Según Pacari, se ha planteado a la relatoría la posibilidad de que visite Ecuador y emita un informe internacional al respecto de la situación de los indígenas. La respuesta del ente internacional se podría conocer esta misma semana.

En este marco, también se presentó el ‘Informe preliminar sobre las estrategias estatales de control social y represión en el marco del paro nacional en Ecuador’.

Julián Martínez, psicólogo social, señaló que de las cifras que manejan las organizaciones sociales, 142 personas fueron detenidas en las protestas, 19 más que lo informado por la Fiscalía. Las imputaciones son por paralización de servicios, sabotaje, ataque o resistencia, posesión de armas e incitación a la discordia. “Estas agresiones han generado afectaciones físicas y emocionales como alteraciones nerviosas, dificultades en el sueño y miedo”. (I)