63 sentenciados por toma de base el 30 de septiembre del 2010

Sesenta y tres miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) ayer fueron declarados culpables del delito de paralización de un servicio público. La Fiscalía indica que la sanción podría ser de 8 a 12 años.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Primero de Garantías Penales de Pichincha, dentro del caso que investigó la paralización del aeropuerto Mariscal Sucre, durante la sublevación policial del 30 de septiembre del 2010.

El Tribunal declaró la inocencia de otros ocho uniformados, aunque la Fiscalía presentó cargo para los 71 procesados. Además, cuatro miembros de la FAE no se presentaron al juicio, están prófugos de la justicia.

La resolución se conoció al cierre de la audiencia de juzgamiento, que se desarrolló en la Corte Nacional de Justicia, por tres semanas consecutivas. La audiencia fue declarada reservada por tratarse de un supuesto delito contra la seguridad interna del Estado.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, ese 30 de septiembre los uniformados obstaculizaron la libre circulación y el tránsito de pasajeros y mercancías a nivel nacional e internacional, lo cual generó la paralización del servicio en el antiguo aeropuerto de Quito.

Como pruebas de culpabilidad, la Fiscalía presentó un informe de la Contraloría que determinó las pérdidas generadas por el cierre del tránsito aéreo ($ 44.622). Además, presentó fotografías y videos proporcionados por los canales Ecuavisa y Teleamazonas, así como informes periciales, oficios y testimonios de los investigados, de civiles y bomberos.

La resolución generó ayer indignación de los abogados de los uniformados y el llanto de sus familiares, quienes defienden su inocencia.

Según el suboficial Carlos Coical Farinango, uno de los procesados, no participó del delito, ya que su acción, así como la del resto, fue salvaguardar los intereses del Estado al impedir que la Base Aérea se convierta en otro escenario similar al del Regimiento Quito. “Como militares de honor, leales al Presidente de la República (Rafael Correa), jamás intentamos paralizar un servicio”, dijo.

Para Aurelio Garófalo, uno de los abogados defensores, la Fiscalía no logró probar el delito. Por tanto, agotará las instancias legales para defender a sus clientes. Por ahora, no piensan solicitar el indulto, dijo. (I)