Algunos familiares de los gobernantes o políticos latinoamericanos han hecho pasar a estos por momentos “incómodos”, tras ser vinculados a presuntos casos de corrupción, trafico de influencias e, incluso, han sido los mayores críticos a sus gestiones.

Desde hijos de presidentes, hermanos, padres hasta cónyuges forman parte de la larga lista de casos polémicos.

El más reciente tiene que ver con Máximo Kirchner, hijo de la presidenta argentina Cristina Fernández, a quien se lo vincula con supuestas cuentas bancarias millonarias en EE.UU. e Irán y que, al parecer, comparte la titularidad en alguna de ellas con la exministra de Defensa y Seguridad Nilda Garré.

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Diferentes sectores de la oposición han pedido investigar al hijo mayor de la mandataria, quien ha negado tener depósitos en el extranjero sin declarar y atribuyó las acusaciones a una maniobra política.

Además, en otro caso, Máximo y su hermana Florencia figuran como directores suplentes en la sociedad Hotesur, de la que es accionista Fernández y que tiene a su cargo la administración del hotel Alto Calafate, en el sur de Argentina.

La sociedad Hotesur es investigada por presuntas irregularidades administrativas.

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También Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, es investigado junto con su esposa, Natalia Compagnon, por tráfico de influencias y eventual uso de información privilegiada. El caso es un negocio inmobiliario en el que se adquirieron tierras con un millonario préstamo concedido por uno de los principales bancos del país, para luego venderlos a un precio mayor.

En Bolivia, a una empresa vinculada con la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera se le entregó la concesión de un contrato de cáterin de la aerolínea estatal BOA.

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La adjudicación, por 2,5 millones de dólares, fue denunciada en marzo del 2014 por un partido de la oposición. García Linera consideró entonces que la denuncia formaba parte de la “guerra sucia” de la oposición contra el Ejecutivo y defendió la legalidad del contrato, pero ordenó su rescisión con el argumento de que este no acompañaba su “discurso ético”.

En México, una investigación periodística reveló a fines del 2014 que la primera dama, Angélica Rivera, encargó a un contratista del gobierno la construcción de una mansión en la capital mexicana, conocida como la Casa Blanca, lo que desató uno de los escándalos más sonados. Las críticas llevaron a Rivera, actriz de profesión, a anunciar la venta de la propiedad y al presidente Enrique Peña Nieto a hacer pública su declaración patrimonial. (I)