Tribunal por Derechos de la Naturaleza juzgó doce casos

Es un tribunal ético, se adelanta en aclarar su presidente, Alberto Acosta, economista porque ‘nadie es perfecto’ como dice sobre sí mismo, al referirse al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza que sesionó este fin de semana en la capital peruana y que aglutina a organizaciones sociales “empeñadas en hacer realidad los derechos de la Madre Tierra”.

Esta suerte de Corte social acogió doce denuncias de comunidades de diversas partes del mundo que, dice Acosta, han visto afectados los ecosistemas que habitan y que ya no encuentran espacio en la justicia ordinaria.

Entre los casos que recibió el Tribunal en la capital peruana, durante una reunión paralela a la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático de Naciones Unidas (COP20), consta la autorización del Gobierno ecuatoriano de extraer el crudo en el Parque Yasuní; así como la extracción minera en la zona Cóndor Mirador, en Ecuador.

Esta Corte social también “juzgará” al Estado peruano por el proyecto minero en la zona de Cajamarca, que ha desatado un conflicto que ya ha dejado varios muertos.

Acosta presidió la Asamblea Constituyente en Montecristi, que aprobó la Constitución ecuatoriana que garantiza los Derechos de la Naturaleza.

Ahora, dice que este tribunal impulsa la creación de una Corte apoyada por Naciones Unidas que sirva para sancionar los atentados a la naturaleza. “Queremos llegar a una declaración de los derechos universales de la naturaleza”, cuenta.

Dice que varios de los miembros de las agrupaciones que apoyan este Tribunal participan como observadores de la COP20; pero se muestra escéptico ante esta reunión.

A su criterio, los planteamientos en la COP20 para disminuir el impacto del calentamiento global se refieren a soluciones técnicas y que cuando se recurre a estas es porque “no se quiere resolver los problemas desde sus raíces”.

“La preocupación es cómo elevar los precios en el mercado de carbono que han caído, cómo elevar el precio del petróleo. En definitiva, la preocupación es cómo seguir haciendo más dinero y creo que eso es perverso”, reflexiona Acosta.

“De la COP no esperamos nada; sí queremos que nuestros gobernantes cumplan con su deber. Ellos son los representantes de los Estados, no son solo observadores, pero que demuestren que van a ser consecuentes. Que no vengan solo para tratar de estar en la marcha de los pueblos y recibir aplausos. Su obligación no es estar en la marcha de los pueblos, es defender a los pueblos en Naciones Unidas”, dice.

2 días duró el Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza que se instaló en Lima. Se trataron 12 casos.