El presidente Guillermo Lasso dio instrucciones a la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade, para que se “investigue exhaustivamente” la tributación del exesposo de la alcaldesa Cynthia Viteri.

La disposición del Ejecutivo se da luego de una investigación del diario Expreso. En la publicación se indica que Joaquín Cupertino Villamar Cabello concretó en el 2020 la compra de 80 lotes y que suman más de 90.000 metros cuadrados. Los lotes se encuentran en la zona de expansión de la vía a la costa.

Además, este lunes, en otra entrega de ese rotativo, se indica que no hay una huella fiscal del poder adquisitivo del exesposo de la alcaldesa.

Villamar y Viteri estuvieron casados por 25 años. Con ella tuvo dos hijos. En el 2021 se divorció y el 14 de febrero de este 2022 se casó con Juan Carlos Váscones.

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En la carta de dos páginas dirigida a la directora del SRI, el presidente Lasso cita extractos de la publicación en la que se indica que, según información pública, entre el 2011 y 2021, el ciudadano pagó por impuesto a la renta 47.020,41 dólares, habiendo inclusive años en que la declaración fue de cero, entre ellos, el 2021. Eso, a lo sumo representaría, a lo largo de diez años, ingresos gravados por alrededor de 200.000 dólares.

La alcaldesa respondió que la sociedad conyugal se disolvió en el 2011 y que su divorcio, de años después, salió con cero recursos y bienes.

Quién es Juan Carlos Váscones, el esposo de la alcaldesa de Guayaquil

En la carta del presidente se agrega que “de modo que, como el artículo 198 del Código Civil establece el principio general de que la liquidación de una sociedad conyugal debe hacerse por mitades, a primera vista debiera entenderse que en la respectiva liquidación de la sociedad conyugal disuelta en el 2011, al señor Joaquín Cupertino Villamar Cabello igualmente le habría correspondido recibir cero recursos y bienes”.

Bajo ese entendido, los recursos para la adquisición de las tierras referidas en el reportaje de diario Expreso tendrían que haber sido percibidos por el señor Joaquín Cupertino Villamar Cabello a partir del 2011, cuando se disolvió la sociedad conyugal, independientemente de cuando esta hubiese sido liquidada. Y ya está visto que, por el impuesto a la renta pagado por el dicho ciudadano entre el 2011 y 2021, sus ingresos gravados durante ese periodo a lo sumo representarían alrededor de 200.000 dólares, cita la carta del Ejecutivo.

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A más de enviar esa misiva al SRI, Lasso también mandó una copia a la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, para que en el marco de sus competencias se realicen las investigaciones.

Lasso recuerda que el artículo 298, 6, del Código Orgánico Integral Penal tipifica como defraudación tributaria, penada con prisión de hasta tres años, hacer constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido, dentro del año siguiente a la declaración, el derecho a presentar la declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley.

Guillermo Lasso solicita a la Fiscalía que investigue a cinco asambleístas de Pachakutik, quienes habrían gestionado supuestos beneficios económicos a cambio de votos

Lasso ha usado un formato similar al que recurrió días atrás para pedir a la Fiscalía que investigue a cinco asambleístas de Pachakutik, quienes habrían gestionado supuestos beneficios económicos a cambio de votos. Días después también pidió investigar al excandidato Xavier Hervas.

En las tres cartas, Lasso ha apelado al artículo 83,8, de la Constitución, que indica que uno de los deberes y responsabilidades de todos los ecuatorianos es “administrar honradamente y con apego estricto a la ley el patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción”.

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La Secretaría de Comunicación de la Presidencia publicó un comunicado sobre las instrucciones formales que se emitieron para la directora del Servicio de Renta con el fin de que se investigue la tributación de Joaquín Villamar Cabello.

Por la tarde, la Fiscalía anunció que inició –de oficio– una investigación contra Joaquín Villamar tras haber conocido –por publicaciones en medios de comunicación– sobre la presunta adquisición irregular de 81 solares de terrenos en la zona de Daular, cerca del nuevo terreno donde se pretende construir el aeropuerto de Guayaquil. (I)