El 23 de junio pasado, el Concejo Cantonal discutió, en primer debate, el proyecto de ordenanza de la nueva compensación para el sistema de la Metrovía con el fin de cubrir las complicaciones financieras que tiene por los impactos del COVID-19. El tercer salvataje de este tipo.

El análisis de un nuevo paquete de ayuda a este sistema de transportación masiva, que bordearía los $ 3,5 millones, genera reacciones en representantes de la sociedad civil, porque afirman que el dinero de los ciudadanos financia un servicio de empresa privada.

Además, aseguran que esos recursos, si es que son absorbidos por la entidad, deberían servir para la rehabilitación de rutas, dar inicio a las operaciones en nuevas troncales o, en el mejor de los casos, destinarlos para obras que sí son prioritarias en la ciudad.

El fondo por discutir, que provendría de las multas impuestas a conductores que invadan el carril exclusivo del servicio articulado de transporte y de las sanciones por incumplimiento de prohibiciones relacionadas con el uso del espacio público, sostendría al menos el 50 % del déficit registrado entre junio del 2021 y abril del 2022 por la caída de afluencia de pasajeros, incremento del costo de combustible, de operaciones, de los salarios mínimos sectoriales y agravantes de la llegada de la variante ómicron al país.

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La exposición de estos motivos está detallada en un informe emitido a inicios del 2022 por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y que está dentro de los documentos del orden del día de la sesión de Concejo del 23, que fueron colgados en la página web del Municipio.

Según Guillermo Leones, coordinador de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), al discutirse una nueva ayuda se pone en consideración que el ciudadano común está financiando a un consorcio privado y, de esta manera, no se está democratizando el destino de los recursos.

“Con la finalidad de salvar el sistema se le ha ido inyectando capital en los últimos dos años, pero aun así no sale a flote, y se sigue diciendo que son las consecuencias de la pandemia”, dijo.

El dirigente barrial anotó que, a pesar de la dotación de recursos, el servicio no termina de despegar. En ese sentido, mencionó que existen quejas ciudadanas de que no todos los articulados están operativos, existen rutas suspendidas desde inicios de la pandemia en 2020, las puertas de algunos buses están averiadas y otras en mal estado.

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En efecto, en barrios del norte y sur de Guayaquil hay quejas por la falta de rutas alimentadoras. Eso, dicen, incluso ha llevado a que motos y taximotos proliferen y entren a suplir la falta de ese servicio.

Asimismo, la falta de mantenimiento en ciertas paradas. “Si existe la colocación de recursos (refiriéndose a los dos anteriores fondos entregados), que se observe en obras o que se indique en qué se invirtió”, sostuvo.

El sistema de la Metrovía aduce que la demanda de pasajeros aún no se ha recuperado y que el déficit existe.

Según las cifras del sistema, actualmente van 250.000 pasajeros, aún lejos de los 420.000 pasajeros que se movían antes de la pandemia.

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Leone indicó, además, que hay que considerar que esta es una de las tantas “inversiones” que tiene el sistema, ya que para la construcción de la Troncal IV (que aún no está operativa) también se inyectó capital.

Para César Cárdenas, coordinador del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, es erróneo financiar la iniciativa privada con fondos públicos. “Si el transporte fuera operado por la Municipalidad, ahí se podría justificar”. La Metrovía, actualmente, es operada por los consorcios Metroquil, Metrobastión y Metroexpress, que cubren las troncales habilitadas.

La Metrovía ha recibido $ 2,6 millones en un par de ayudas del Municipio, mientras los buses van más de un mes laborando al 50 %, esperando la revisión de tarifas

Cárdenas citó que esos recursos que se generan por la imposición de multas pudieran ser destinados a la legalización de tierras en zonas periféricas de la ciudad, como Ciudad de Dios y Cañaveral, en donde viven más de 100.000 familias. “Allí debería existir una inversión para avanzar en la implementación de servicios básicos de los que son carentes y que es parte del clamor ciudadano”, sostuvo.

Leones, en cambio, propone que esos casi cuatro millones de dólares que se prevén inyectar a la Metrovía se destinen a obra social, entre lo que destaca la construcción o rehabilitación de casas comunales en los barrios o el refuerzo de programas barriales enfocados a la población joven.

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El concejal Jorge Rodríguez, quien intervino y apoyó la ayuda para la Metrovía, aseveró que este fondo se justifica por lo que ha dejado de recibir el sistema. “Lo que se está planteando es que Guayaquil sostenga el funcionamiento normal, con una serie de compromisos de la Metrovía, hasta con $ 3,58 millones para poder remplazar los viajes que no se hicieron”, aseveró Rodríguez.

Rodríguez recordó que, pese al complicado panorama de la pandemia, el sistema no se detuvo y sirvió para trasladar a personal de servicios prioritarios, como médicos, enfermeras y personal salubrista. (I)