El riesgo de colapso que se mantiene en la edificación Multicomercio luego del incendio registrado el 11 de febrero fue el tema central de la reunión que mantuvieron funcionarios del Gobierno, del Municipio de Guayaquil, cámaras y la academia.
El gerente de Segura EP, Álex Anchundia, ratificó que esta estructura debe ser demolida “para que vuelva la seguridad en ese sector”.
“Estamos buscando la manera rápida y segura para realizar la demolición”, dijo el funcionario.
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Este miércoles, 18 de febrero, se instaló en Segura EP una mesa de trabajo para analizar la parte técnica a seguir luego de que se cerraran las operaciones en el área por parte del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil el pasado lunes.
El siniestro elevado a alarma 3 ocasionó el colapso parcial de una estructura. La novedad se produjo en una bodega que supera los 12.000 metros cuadrados.
Por la magnitud del incendio, el área cercana al complejo de edificaciones se mantiene cerrada.
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“La prioridad número uno y, hemos acordado en esta mesa, es que la seguridad no se negocia, la seguridad es lo primero. Los bienes materiales sabemos las pérdidas, lamentamos las pérdidas que han tenido. (...) el edificio debe ser demolido para restablecer la seguridad”, acotó Anchundia este miércoles.
Citó que por los bienes dentro de las edificaciones en caso de que el manejo de la demolición por seguridad tenga que hacerse sin que nadie ingrese, “lastimosamente estos se perderán”.
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Recalcó que la prioridad es la seguridad de las personas e incluso de los trabajadores que podrían necesitarse para esta labor.
A la reunión de este miércoles acudieron representantes de la Secretaría de Gestión de Riesgos, del Ministerio de Infraestructura y Transporte, del Cuerpo de Bomberos y de direcciones municipales.
Expertos de las Universidades de Guayaquil y Católica junto con miembros de la Cámara de la Construcción y Colegio de Ingenieros Civiles participaron de este espacio de trabajo.
Anchundia añadió que mientras el área donde se registró el incendio no sea segura, las vías permanecerán cerradas.
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El funcionario explicó que al ser un predio privado se debe buscar la figura jurídica que permita actuar con la urgencia que se necesita. Al momento, indicó Anchundia, se mantiene el levantamiento de información de afectados y se calcula que unas 120 familias se han acercado a ofrecer sus datos.
El siguiente paso es, junto con la tecnología y especialistas, determinar los detalles que se requieren para establecer cuál será el procedimiento que ponga en menor riesgo a las personas en general. Se prevé el levantamiento de nuevos estudios, añadió el gerente de Segura EP.
No se detallaron tiempos de ejecución para estas acciones.(I)
