Decenas de comerciantes y dirigentes de la Bahía de Guayaquil realizaron un plantón frente a la Fiscalía del Guayas exigiendo justicia por el atentado con explosivos ocurrido el pasado 3 de junio, que afectó varios módulos comerciales en este sector del centro de la urbe.

Los manifestantes reclamaron la liberación del principal sospechoso pese a que, aseguran, existen pruebas que lo vinculan con el ataque.

Videos de seguridad y el seguimiento policial habrían permitido su captura en flagrancia, pero el proceso fue archivado semanas después.

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La abogada Tania Zambrano, secretaria ejecutiva del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (CDU), denunció que el dictamen emitido por la Fiscalía “dejó en la impunidad un acto terrorista que afectó directamente al comercio de Guayaquil”.

El atentado con explosivos dejó varios módulos afectados. Foto: Ronald Cedeño

“El sospechoso fue identificado por cámaras de seguridad y capturado en flagrancia. Sin embargo, el 19 de agosto se dictó un archivo del caso. Nosotros hemos presentado nuevas denuncias porque las extorsiones y amenazas continúan”, sostuvo Zambrano, quien afirmó que el comercio de la Bahía ha disminuido un 60 % desde el atentado.

Los manifestantes cuestionaron la falta de transparencia en la investigación y exigieron explicaciones al Fiscal del Guayas, René Astudillo, por la decisión de no acusar formalmente al sospechoso.

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Desde el Municipio de Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez expresó su respaldo a las acciones ciudadanas.

A través de su cuenta en la red social X, calificó como “incomprensible” que, pese a los videos y evidencias entregadas por Segura EP, el caso haya sido archivado.

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“Con todos los indicios entregados, se dejó libre a quien podría ser el autor material del atentado. Hoy Guayaquil vuelve a llorar, con más bombas, más muertes y más miedo. No podemos tolerar esta política del terror”, escribió el alcalde.

Los comerciantes aseguran que la inseguridad ha golpeado su economía y su rutina diaria. Jorge Moyano, presidente de una de las asociaciones de la Bahía, lamentó que el esfuerzo policial no se vea respaldado por la justicia.

“La policía hace su trabajo, captura a los responsables, pero si la Fiscalía los libera, ¿para qué sirve tanto sacrificio? Vivimos del comercio diario, del turismo, y hoy la gente tiene miedo de venir a comprar”, expresó.

A la protesta también se sumaron ciudadanos de distintos barrios del sur de la ciudad. Rubén Molina, residente de La Pradera, señaló que el problema es estructural y que se requiere una respuesta integral del Estado.

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“No se puede combatir el terrorismo solo con balas. Hace falta inversión social, oportunidades para los jóvenes. Aquí están las pruebas del atentado y, aun así, el sospechoso está libre. Guayaquil no soporta más abandono”, manifestó.

Asambleísta ejecutará acciones

En paralelo, desde la Asamblea Nacional, el jefe de la bancada correísta, Juan González, señaló que un vehículo que estaría vinculado a una empresa de la familia del presidente Daniel Noboa habría llegado al domicilio de Iván B., implicado en la explosión de la Bahía, minutos después de su detención en junio de 2025.

“Minutos más tarde de su captura arribó al domicilio humilde del detenido en el sur de Guayaquil. Una mujer descendió del vehículo, ingresó y luego se retiró. Pedimos respuestas claras, porque este hecho debe investigarse con seriedad”, manifestó González.

El legislador afirmó que se solicitaron los videos oficiales a Segura EP y a la Fiscalía, además de haber presentado una denuncia formal para que se determinen los posibles nexos.

“Hoy presento en Fiscalía el respectivo proceso para que @FiscaliaEcuador y @Presidencia_Ec den la cara y respondan, lanzar piedras no es terrorismo, colocar bombas eso si es terrorismo", escribió en X.

El plantón concluyó con un llamado conjunto a la Fiscalía General del Estado y a la Asamblea Nacional para que revisen el proceso y determinen responsabilidades. Los dirigentes advirtieron que continuarán movilizándose hasta que se haga justicia. (I)