La investigación por el asesinato del futbolista de Barcelona Sporting Club Mario Pineida y de Guisella Fernández registró un nuevo avance judicial luego que la Fiscalía aceptara un pedido para cambiar la tipificación del caso de asesinato a sicariato.

La solicitud fue presentada por la defensa de la familia de la joven peruana y el expediente ya fue trasladado a una unidad especializada en delincuencia organizada.

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El crimen ocurrió el 17 de diciembre de 2025, cuando Pineida y Fernández fueron atacados a tiros mientras compraban en un local de carnes ubicado en la av. Isidro Ayora, en el norte de Guayaquil. Tras el ataque, la Policía ejecutó operativos y aprehendió a varios sospechosos vinculados al caso.

En abril pasado, durante la audiencia preparatoria de juicio, el juez Ronald Cedeño acogió el dictamen acusatorio de la Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio contra Cristian P. G., Jimnery P. y Yohervi M., este último identificado en el proceso como presunto autor directo del ataque.

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En esa diligencia, el magistrado también revocó las medidas alternativas que beneficiaban a Yohervi M. luego de verificarse incumplimientos en las presentaciones periódicas ordenadas por la autoridad judicial. Posteriormente se dispusieron prisión preventiva, orden de captura y difusión roja de la Interpol debido a que el procesado no ha sido localizado.

La retipificación a sicariato

Este jueves, 7 de mayo, la defensa de Mirtha Ramírez, madre de Guisella Fernández, difundió un documento en el que informó que el pasado 22 de abril solicitó formalmente la retipificación del delito y que este miércoles, 6 de mayo, la Fiscalía aceptó el pedido y realizó el desplazamiento de la causa hacia una unidad especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional.

El escrito señala que dentro del expediente existirían elementos que apuntan a una posible estructura organizada detrás del crimen.

Entre los argumentos expuestos constan seguimientos previos a las víctimas, utilización coordinada de motocicletas, selección del lugar del ataque y pagos relacionados con las labores de vigilancia antes del hecho violento.

Dentro del documento difundido por el abogado Tobías Guzmán Galarza también se menciona la declaración de uno de los involucrados, quien habría reconocido que recibió dinero para seguir a las víctimas. Esa remuneración, se indicó, se habría concretado mediante transferencias bancarias posteriores al ataque.

Además, la defensa sostiene que en la investigación aparecen funciones diferenciadas entre los involucrados, relacionadas con seguimiento, financiamiento, apoyo logístico y ejecución del crimen.

Nuevos implicados y testimonios clave

En la actualización se informó que la Fiscalía abrió una nueva investigación previa para determinar una posible participación adicional de otro ciudadano identificado como A. J. C. A.

El nombre de Jimnery P. ya había sido objeto de análisis en el proceso. En febrero, el fiscal que llevaba inicialmente la causa emitió un dictamen abstentivo a su favor al considerar que habría prestado una cuenta bancaria sin conocer el objetivo de una transferencia vinculada al caso.

Esa decisión fue revocada en marzo pasado por la Fiscalía Provincial del Guayas luego de un pedido presentado por la defensa de la familia de Fernández. A partir de esa resolución, Jimnery P. continuó vinculada al proceso junto con los otros dos procesados.

Dentro del expediente también consta la versión de Cristian P. G., quien durante la investigación afirmó que fue contactado para seguir el vehículo en el que se movilizaba el futbolista y que por esa actividad recibiría $ 200. (I)