Los propietarios del antiguo edificio Fantasía iniciaron una acción constitucional para obtener información sobre el proceso de demolición del inmueble y los valores que el Municipio pretende cobrar por esos trabajos.
Según la defensa de los afectados, cada propietario recibió notificaciones por valores que van aproximadamente entre $ 30.000 y $ 50.000, dependiendo del tamaño del inmueble.
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El edificio Fantasía estaba ubicado en la intersección de 9 de Octubre y José Mascote. Tras un sismo, la estructura presentó una inclinación que obligó a evacuar el inmueble por el riesgo de colapso.
El abogado Daniel Frías Toral, representante de los afectados, explicó que en el edificio residían principalmente personas adultas mayores.
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“Producto de un sismo, producto de una situación fortuita y de fuerza mayor, luego de un sismo tiene una inclinación y hace que colapse su estructura. Cuando la estructura colapsa adentro de este edificio estaban viviendo muchas personas. La mayoría, tengo el listado, de la tercera edad e incluso con enfermedades catastróficas”, señaló.
Según indicó, los residentes debieron abandonar el inmueble ante el riesgo estructural.
“Los obliga a ellos a desalojar porque obviamente tienen que salir ante la inminencia del peligro latente estando ellos adentro y que podría ocasionar que efectivamente el edificio colapse y se derrumbe con las personas adentro”, dijo.
Frías afirmó que mientras los propietarios enfrentaban la pérdida de sus viviendas recibieron una notificación de cobro por la demolición del inmueble.
“Ellos no salían del shock, ellos aún no terminaban de recibir la noticia de que el bien por el que habían trabajado toda su vida, la casa, el lugar donde viven, estaba a punto de perderse o ya se había perdido, cuando reciben adicionalmente la noticia de que tienen que pagar la demolición”, sostuvo.
Según relató, el monto inicial que se mencionó a los propietarios bordeaba el medio millón de dólares. “Le dicen: ‘Sí, usted acaba de perder su casa producto del sismo, pero a nosotros nos lo tienes que pagar’. ¿Y cuánto? Casi medio millón de dólares”, expresó.
Costos de demolición: una cifra que supera las cotizaciones privadas
De acuerdo con la defensa, los propietarios buscaron alternativas y solicitaron cotizaciones privadas para realizar la demolición.
“Traen tres cotizaciones. Una de $ 120.000, otra de $ 160.000 y la más costosa trayendo técnicos extranjeros $ 180.000”, dijo.
Según explicó el abogado, en ese contexto una ciudadana presentó una acción constitucional para que el Municipio contrate una empresa que realice la demolición. Frías indicó que en la acción judicial se solicitó que el Municipio contrate una empresa y que el costo sea trasladado a los propietarios.
“Que disponga el Municipio que en un plazo máximo de tres días contrate una empresa para demoler el edificio (…) y que todos los gastos de demolición se los cobren a los propietarios”, señaló.
El abogado sostuvo que los propietarios no participaron en esa audiencia. “De esta audiencia nunca se enteró nadie”, afirmó.
Posteriormente, indicó, se emitieron notificaciones de cobro a los propietarios. “Ya existe la orden de cobro. A cada uno de ellos está individualizado más o menos entre $ 30.000 y $ 50.000 dependiendo del metro cuadrado”, dijo.
Frías agregó que la mayoría de afectados son adultos mayores. “Quien me acompaña es el señor Vera, tío de nuestra gloria deportiva Chito Vera, que vivía en ese departamento, 78 años de edad”, indicó.
La defensa legal exige transparencia y anuncia nuevas acciones
Durante la convocatoria también se informó que los afectados presentaron una acción constitucional de habeas data para solicitar información sobre el proceso de contratación de la empresa que ejecutó la demolición.
Según la defensa, el juez otorgó ocho días al Municipio para entregar la documentación relacionada con el proceso.
El abogado sostuvo que, en caso de no recibir la información solicitada, continuarán con acciones legales. “Lo mínimo decente que podrían hacer sería decir que no les van a cobrar. Como no lo han hecho, los vamos a llevar y van a responder en juicio”, afirmó.
Respuesta del Municipio ante el caso
El Municipio de Guayaquil respondió que la demolición del edificio Fantasía se realizó en cumplimiento de una orden judicial emitida el 23 de julio de 2024 por la jueza Alexandra Pérez Mayorga, de la Unidad Judicial Civil.
Según el cabildo, un informe técnico de Segura EP, fechado el 18 de junio de 2024, determinó que el inmueble presentaba un alto riesgo de colapso por el asentamiento e inclinación de su estructura.
Ante ese escenario se recomendó el derrocamiento para evitar riesgos para peatones y predios cercanos. Confirmó el plazo de los tres días e informó que el contrato se adjudicó a la empresa Mardired S. A.
Los trabajos comenzaron el 27 de agosto de 2024 y concluyeron el 25 de octubre del mismo año.
El monto de la obra fue de $ 414.499,67. Además, la resolución judicial dispone que ese valor debe recuperarse de los 19 copropietarios del inmueble, conforme a lo dispuesto en la resolución judicial. Añadió que uno de los propietarios ya canceló su obligación.
Respecto a la audiencia realizada, el cabildo informó que el juez declaró sin lugar la garantía jurisdiccional. Los propietarios deberán acercarse al Departamento Financiero para formalizar acuerdos de pago. (I)