La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que los hechos anunciados por entidades del Gobierno “no corresponden a una estructura tolerada o encubierta por la institución”.

Más bien, la entidad recalcó que el origen de las detenciones ejecutadas se deriva de una alerta interna y de procesos disciplinarios que ya estaban en marcha dentro de la institución.

Fernando Navas, gerente general de la ATM, señaló que el 1 de mayo de 2025 se puso la denuncia que, este día, ha generado conmoción.

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La madrugada de este miércoles, 22 de octubre de 2025, durante un operativo ejecutado en varios cantones de Guayas, se detuvo a seis personas, entre ellas funcionarios de la ATM. Los ciudadanos estarían presuntamente implicados en el delito de asociación ilícita.

Navas indicó que en abril de este año se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía por presunta evasión contra uno de los agentes implicados, lo que significa que el proceso ya había ingresado a la vía penal antes del operativo.

“Con absoluta claridad, los hechos anunciados hoy no corresponden a una estructura tolerada o encubierta por esta administración; por el contrario, el origen de estas detenciones parte de la alerta interna y de procesos disciplinarios que ya estaban en marcha dentro de la institución”, dijo Navas.

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El gerente de la ATM indicó que, de las seis personas aprehendidas, solo tres son funcionarios actuales: la coordinadora de patrocinio judicial y dos agentes de tránsito. Dos abogados más fueron separados en los meses de junio y julio de 2025. El sexto detenido no pertenece a la institución, detalló Navas.

El Ministerio del Interior explicó que las acciones se ejecutaron con la finalidad de desarticular una supuesta red delictiva que operaba desde el interior de la ATM y que estaría —presuntamente— vinculada a actos de corrupción y colaboración con estructuras criminales.

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Desde el Municipio de Guayaquil se rechazaron las declaraciones del ministro John Reimberg y se calificó el caso como “persecución política”.

Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, dijo que “esto no es un control; esto se llama persecución política”. Agregó que las acciones también podrían estar derivadas de las declaraciones del alcalde Aquiles Alvarez en la Asamblea sobre el tema de la Bahía. “Hay que hablarlo claro: persecución política; y no aislemos el contexto de lo del día de ayer y lo que se ha hablado sobre la Bahía”, expresó Cornejo.

El ministro John Reimberg señaló que, en este caso, la vinculación sería con el grupo de delincuencia organizada Chone Killers. Según el titular de la cartera de Estado, el operativo se ejecutó contra “una red criminal enquistada en la Agencia de Tránsito y Movilidad Municipal”.

Cornejo señaló que “ninguna institución del Estado —entiéndase el Estado como Gobierno central y gobiernos locales— está libre de este mal”, pero que se trabaja internamente para detectar irregularidades.

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César Poveda, coordinador legal del Municipio de Guayaquil, mencionó que este “espectáculo político” atenta contra el debido proceso. “El señor ministro afirmó vínculos con el grupo delictivo denominado Chone Killers, pero, lamentablemente, no reveló ningún nombre, no presentó ningún documento y no existe evidencia procesal alguna que respalde lo dicho (...). Emplazamos al señor ministro a que estas sean presentadas ante un fiscal o un juez”, agregó.

La ATM indicó que actualmente se trabaja en un reajuste para que el área de flagrancia y patrocinio estén separadas. El próximo 10 de noviembre se prevé una sesión de directorio para la autorización de cambios administrativos. (I)