Alcaldesa Viteri dice que su patrimonio asciende a $ 796.714,47 y que sin su consentimiento su exesposo creó una empresa en la que puso a sus hijos

Los pedidos de investigación por la adquisición de terrenos que realizó su exesposo en la zona de Daular y la situación tributaria de este llevaron a la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, a proporcionar detalles de la liquidación de la sociedad conyugal, su estado patrimonial y la condición de una empresa en la que aparecían dos de sus hijos. El Municipio también ha entrado a aclarar las condiciones de algunos de esos predios.

Joaquín Cupertino Villamar Cabello, cónyuge de Viteri hasta el 2021, fue señalado en una investigación de diario Expreso por la compra de 80 lotes, equivalentes a 9 hectáreas, en la zona de influencia en la que se construirá el futuro aeropuerto de Guayaquil. El matutino además revisó sus estados tributarios y unas ordenanzas que se emitieron por la expansión de la zona de la vía a la costa.

Tras esa publicación, el presidente Guillermo Lasso pidió al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de Análisis Financiero que investiguen la condición tributaria de Villamar. La Fiscalía, por su parte, anunció una investigación de oficio. Esta estará a cargo de la Unidad de Patrimonio Ciudadano.

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La alcaldesa ha tratado de desmarcarse del accionar de su exesposo y ha llevado el asunto a la esfera política al decir que el objetivo es ella en un año electoral.

“En el divorcio no me dejó absolutamente nada y tampoco lo pedí. Lo que tengo hasta ahora, que es público, es lo mismo con lo que entré a la Alcaldía, producto de mi trabajo”, dijo la funcionaria, desde el pasado 14 de febrero casada con Juan Carlos Váscones.

Viteri, en un documento que adjuntó a su postura, refiere que su patrimonio reportado a la Contraloría asciende a $ 796.714,47. En la declaración juramentada que presentó en el 2015, cuando inició su gestión con el cargo de asambleísta, era de $ 425.279,46. Este incremento, según la alcaldesa, corresponde a derechos de uso y usufructo de terrenos y lotes, propios de una herencia dada en vida por sus padres. Los activos de Viteri suman $ 1′041.155,24 y los pasivos $ 244.440,77.

La alcaldesa ha mostrado su acta de disolución de sociedad de bienes - sociedad conyugal y de gananciales por mutuo consentimiento del 1 de noviembre de 2011 y la liquidación de la sociedad conyugal, celebrada el 6 de agosto de 2012.

Con respecto a las empresas de su expareja, Viteri ha revelado un detalle. Dice que sin su consentimiento, su exesposo Joaquín Villamar creó una compañía en la que registró como accionistas a sus dos últimos hijos, mayores de edad, sin ningún bien en la empresa, con un capital suscrito de $ 800. “Al tener conocimiento de este hecho, inmediatamente la Dra. Viteri, a través de un proceso jurídico, los retiró de la sociedad creada, en la que cabe destacar, ella no participó”, indica un documento enviado desde el Municipio.

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La publicación de Expreso sobre la adquisición de terrenos de Villamar también hace referencia a la aprobación de una reforma a la Ordenanza que regula el uso de suelo y las normas para la construcción de edificaciones en esa zona, que impulsa el desarrollo de la vía a la costa, en una sesión extraordinaria, en mayo de 2020.

El Municipio señala que la expedición de la ordenanza que regula el uso de suelo y normas para la construcción de las edificaciones de la vía a la costa corresponde a normas aplicables al área urbana y por ende no abarca ninguno de los predios a los que se aluden y que corresponden a zona rural.

Sobre la división de lotes, el Municipio indica que cumplió con todos los requisitos, trámite y tiempos, pero aclara que el propietario (Joaquín Villamar) de los predios en el 2021 solicitó cambio de uso de suelo agrícola a alto impacto de diez códigos catastrales en la vía a la costa. El Municipio dice que ese pedido fue negado por no cumplir con el plan de uso y gestión de suelo.

La investigación de Expreso llevó a que un grupo protestara el lunes en los exteriores de las instalaciones del diario. La Asociación Ecuatoriana de Periódicos del Ecuador (Aedep) calificó la acción de grotesca, que pretende callar a la prensa ecuatoriana. “La Aedep hace un llamado a la autoridad política a responder en el marco de la ley, los ciudadanos tienen derecho a conocer el manejo que las autoridades hacen del dinero y de los recursos públicos”, mencionó la Aedep.

Además, Fundamedios emitió una alerta por los dichos de la alcaldesa, que apuntan al trabajo de los periodistas de ese medio. Fundamedios “rechaza este discurso estigmatizante contra la prensa y los periodistas, lanzado por una autoridad. Le recordamos que los funcionarios públicos deben tener un mayor nivel de tolerancia hacia las críticas y, mucho más, si abordan temas de interés público”, dice. (I)