En ocho días se retoman cortes de servicios básicos por no pagar planillas

Debido al confinamiento y otras restricciones para contrarrestar la pandemia del COVID-19, muchas personas cesaron sus actividades productivas, lo que implicó problemas económicos. Esta realidad se vio reflejada en el atraso de algunos pagos, incluyendo los correspondientes a servicios básicos.

El beneficio fijado en la Ley Humanitaria, que prohíbe los cortes de estos servicios por falta de pago hasta 60 días después de la finalización del estado de excepción, fenece el próximo viernes 13. Ante aquello hay preocupación en la ciudadanía, pues muchos usuarios adeudan valores.

El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos hizo un llamado al Gobierno nacional y a las empresas de servicios básicos para que no haya cortes.

“Esto pone en riesgo extremo a millones de personas en todo el país”, argumentó César Cárdenas, coordinador del Observatorio, quien añadió que muchos no tienen dinero ni fuentes de trabajo para solventar dichas deudas.

De acuerdo con el administrador de la Unidad de Negocio de CNEL en Guayaquil, Manuel Miranda, con la mayoría de usuarios ya se han suscrito contratos automáticos para refinanciar las deudas acumuladas desde marzo a doce meses sin intereses, por consumo de luz. Quienes han firmado convenios por deudas de pandemia recibirían una notificación de la empresa en caso de no cumplir con la primera cuota de pago, que se empezó a cobrar dentro del valor expresado en la planilla de septiembre.

Como esta factura se puede cancelar desde finales de octubre en la mayoría de casos, el 13 de noviembre todavía habría plazo para realizar los pagos.

Sin embargo, “en una segunda cuota impaga ahí podría llegar a haber un corte, una baja de breakers”, explicó Miranda.

Desde septiembre CNEL ha promovido los convenios automáticos en las deudas de la pandemia y Miranda espera que también se llegue a convenios por deudas prepandemia (antes de marzo).

Para los deudores prepandemia la situación es distinta. Si hasta mediados de noviembre no suscriben convenios de pago, “ahí podríamos llegar a tener un problema”.

Para este grupo el contrato tendría intereses y se le notificaría la cuota impaga.

Si no existiera una respuesta, se procedería al corte, dijo.

Las personas pueden revisar el plazo de su contrato y la repartición de las deudas a través de la página web. Además, si desean cambiar el tiempo del convenio o inscribirse, pueden acercarse a las agencias o unidades móviles de CNEL.

Las realidades son diferentes. Mientras Sara, una ciudadana que tenía un servicio de catering antes de la pandemia, se siente aliviada porque la adhesión de las cuotas de su deuda desde marzo no hace mucha diferencia a cuanto ella pagaba por la luz antes de la pandemia, el representante del colectivo Tejido Social, Gelacio Mora, dice que la Ley Humanitaria y los convenios no son de ayuda.

“Le van a cobrar valores que no ha consumido (los del 2019) a un pueblo desocupado, a familias enteras que salen a improvisar sus pequeñas ventas y las persiguen o les restringen sus ventas”, explicó.

Al igual que CNEL, Interagua también posee planes de refinanciamiento de deudas.

Quienes mantengan deudas desde marzo de 2020 a la fecha (periodo crisis sanitaria) pueden solicitar la división de su deuda hasta doce meses sin intereses como dice la ley.

Pese a ello, según la gerenta de Atención al cliente, Pilar Murillo, “a partir del término de la Ley Humanitaria, la empresa empezará a enviar las notificaciones de atraso cuando se venzan las planillas de agua y se le dará un tiempo al cliente (5-7 días) para regularizar su deuda. Si no, se procederá con el corte.

Existen planes de financiamiento más especiales que pueden ser consultados en la web o por vía telefónica.

Este Diario además intentó contactar a CNT, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta de su parte.

Inquietud de inquilinos

El fin de la ley de Apoyo Humanitario también pone en jaque a personas que alquilan viviendas o departamentos.

En el artículo 4 se expresa que desde que se expidió esta orden, en el mes de junio, no se podrán ejecutar desahucios a arrendatarios, por cualquiera de las causales establecidas en la Ley de Inquilinato, excepto en los casos de peligro de destrucción o ruina del edificio.

Así también si el arrendador pertenece a un grupo de atención prioritaria y el bien es su medio de subsistencia.

La extensión tuvo sus variaciones, pues con el Decreto Ejecutivo 1074 de junio pasado, los arrendatarios estaban protegidos hasta el 16 de octubre. Sin embargo, a raíz de la prórroga del estado de excepción decretada por el presidente Lenín Moreno el 14 de agosto, la medida de protección ante el desahucio finalmente se extendería hasta el 13 de noviembre.

La ley expresa la prohibición de ejecutar desahucios hasta la fecha indicada, los arrendatarios debieron cancelar al menos el 20 % del valor de los cánones pendientes y en el caso de locales comerciales, el arrendatario deberá demostrar que sus ingresos se han afectado en al menos el 30 % con relación a febrero de 2020, para acogerse a la suspensión temporal de las deudas.

Durante la etapa de confinamiento y unos meses después, Carmen y Hernando tuvieron problemas para pagar la mensualidad del domicilio donde residen con sus hijos.

Ellos tienen una papelería, pero sus ventas se redujeron porque estos implementos no eran tan solicitados.

De acuerdo con la pareja, apoyados en la ley y por el hecho de que su arrendador fue paciente con ellos, pudieron pagar la deuda completa recién en septiembre.

De acuerdo con la ley, la suspensión no implicaba condonación de ningún tipo de las obligaciones, salvo que el arrendatario y el arrendador llegaran a un acuerdo. (I)