Un ingreso de $ 180'000.000 anuales suman las dos concesionarias viales del Guayas

En promedio, más de tres millones de dólares al mes recaudan las concesionarias Conorte y Concegua en cada una de las seis rutas de la provincia del Guayas en las que operan.Eso significa que en cada carretera se obtendrían $ 36'000.000 al año y en todo el complejo vial sumarían $ 180'000.000 anuales.Estas cifras eran desconocidas desde hace casi dos décadas, pero hoy se hacen visibles luego de que la prefecta de Guayas, Susana González, les impusiera multas por alrededor de $ 30'000.000 a las concesionarias (a cargo de las vías desde la administración de Nicolás Lapentti, pasando por Jimmy Jairala y Carlos Morales, quien falleció hace poco). Prefectura del Guayas anuncia acciones legales para terminar contratos con las concesionarias viales Estas sanciones originaron una pugna en la que se hizo pública una deuda de la Prefectura del Guayas con las concesionarias. La prefecta Susana González reconoció, la semana anterior, que existe una deuda que no pasaría de $ 25 millones, pero que su equipo técnico financiero trabaja para definir cuál es el monto real.Por su parte, Joffre Campaña, abogado de las compañías, aseguró que la cifra de la deuda es superior a los $ 100 millones.Las cifras de recaudación se hicieron públicas en forma promediada, en los dictámenes de multas determinados por el Gobierno provincial.Las multas a Conorte ascienden a $ 21’323.857,35. De ese monto, 1’120.000 corresponden a incumplimiento de las disposiciones del director en la vía El Triunfo-Bucay; $ 234.000 por falta de mantenimiento en el tramo La Aurora-Samborondón; $ 38.000 por entrega de información incompleta en lo que a planificación de mantenimientos se refiere.La sanción más cuantiosa es por obras no ejecutadas en la carretera Nobol-La Cadena-Guayaquil-El Empalme, por $ 19’931.857,35.Mientras, sobre Concegua pesan multas por $ 5’941.490,37 por obras no ejecutadas en la vía Durán-Tambo; de 1’766.000 por incumplir disposiciones del director en el tramo Nobol-La Cadena, y una última sanción de $ 38.000 por entrega de información incompleta sobre planificación de mantenimientos. Estos valores suman $ 7’745.490,37.En total las multas impuestas a ambas concesionarias llega a $ 29’069.347,72.El lunes 28 de septiembre, el Consejo Provincial por decisión unánime resolvió respaldar la iniciativa de la prefecta González de iniciar los trámites para la terminación unilateral de los contratos de concesión.La funcionaria citó que en estos procesos se ha cumplido con el debido proceso.“La caducidad va a ir no solamente por una causal que es haber cumplido el 20 % (del contrato) en multa. Sino, hay una serie de incumplimientos”, refirió la prefecta, quien cuestiona que se haya ampliado el periodo de concesión de ambas empresas en la administración de Jimmy Jairala.González manifestó que del monto anual que recaudan Conorte y Concegua por las catorce estaciones de peaje, la Prefectura del Guayas recibe $ 900.000 al año. “El objetivo de esos fondos que recibe la Prefectura es para que la Unidad de Concesiones pueda hacer la función de fiscalizador del contrato de concesión”, agregó.La funcionaria reconoció que en el contrato de concesión no se establece un monto determinado para que las compañías inviertan anualmente en el mantenimiento de las carreteras de los más de 600 km de vías concesionadas. No obstante, señaló que estos trabajos se rigen por un cronograma, que tampoco se ha cumplido.Adicionalmente, agregó, las compañías se han beneficiado de una cláusula de exclusividad regulada que implica que solo ambas empresas ejecuten obras durante los 20 años.El abogado Joffre Campaña sostuvo que plantearán una acción de protección por cada multa impuesta, pues según él, aquellas no corresponden.La semana anterior refirió que se reanudarán de inmediato los trabajos de ampliación de la carretera entre los cantones Isidro Ayora y Pedro Carbo, por $ 4’900.000; y entre Balzar y El Empalme, por $ 5’900.000.“Los trabajos de ampliación de estas vías y que motivaron la imposición de multas por cerca de $ 29’000.000, primero que se suspendieron, como lo hemos mencionado de forma pública, por el no pago de las obligaciones por parte de la Prefectura (del Guayas), pero también hubo una suspensión en todo este año a raíz de lo que es público y notorio, la pandemia”, sostuvo el jurista.Mencionó que esos trabajos forman parte del contrato ampliatorio de octubre de 2018. Campaña sostuvo que la ampliación se cumplirá sin que ello implique que las concesionarias renuncien a ningún derecho y que tomarán las acciones legales para que la Prefectura pague las deudas. (I)

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