La Junta de Beneficencia de Guayaquil ansía pago para ‘no apagar la luz’ en sus instituciones

El déficit de recursos que afronta la Junta de Beneficencia de Guayaquil (JBG) empujó a esta centenaria institución a cerrar en este 2020 un servicio del que se beneficiaban 1300 familias.Esto fue el cese de operaciones de la Unidad Educativa Santa Luisa de Marillac, que tenía 75 años de labores y un registro de más de 30 mil alumnas (porque era femenino) de paso por sus aulas.Juan Xavier Cordovez, presidente del directorio de la JBG, sostiene que una deuda que no saldan el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que alcanza los $100 millones, y la falta de ingresos por la suspensión de venta de los distintos productos de la Lotería Nacional repercutieron en la decisión.“No hemos crecido en los últimos años por la falta de capital”, dice Cordovez, miembro del directorio de la Junta desde el 2014 y presidente de esta instancia desde hace dos semanas, cuando relevó en el cargo a Ernesto Noboa, quien cumplió seis años de labores.Con una trayectoria de 132 años, la JBG ofrece servicios en los ámbitos de la salud, educación, cuidado a niñas, jóvenes y adultos mayores, además de cobertura exequial.Así, según sus registros, un promedio de 4 millones de ciudadanos al año reciben atención en sus cuatro hospitales: Luis Vernaza, Roberto Gilbert, Alfredo Paulson e Instituto Nacional de Neurociencias. Juan Xavier Cordovez, presidente del directorio de la JBG. Foto: Ronald Cedeño / EL UNIVERSO. El director Cordovez refiere que toda cobertura ahora “está en riesgo”, señala al Gobierno por la deuda MSP-IESS y afirma que en estos meses de emergencia sanitaria por el COVID-19 han debido “apagar la luz” en ciertas dependencias.“El Gobierno ha terminado haciéndonos mermar nuestra capacidad de dar asistencia, y no podemos permitir que esto siga así. Porque así ya lo próximo que nos toca sería apagarle la luz a una parte del hospital o un hospital completo”, alerta el funcionario.No obstante, esperanzado en un pronto acuerdo con las instituciones deudoras y, por supuesto, ansiando un desembolso, el director Cordovez dice que trabajan en la repotenciación de servicios, en el replanteo del futuro de la Junta para los próximos 5, 10 y 15 años.“Implica replantearse cuál va a ser nuestra labor en función de esos años. Pienso que eso va a ser importante, pero no lo puedo asegurar porque debemos hacer un taller interno, justamente para reorientarnos, porque ya basta de apagar luces, tenemos que empezar a llegar a las personas que más nos necesitan”, expresa.En dos casas de acogida, que son el Hogar Corazón de Jesús y el Asilo El Bien Público, la Junta presta cobertura a 261 adultos mayores, incluso dispone de dos hogares para niñas en situación de vulnerabilidad. Uno es el centro Calderón Ayluardo y el otro es Manuel Galecio y queda en Alausí (Chimborazo). Ahí suman al menos 170 menores de edad beneficiadas con atención integral en educación, salud y demás.El Instituto Nacional de Neurociencias tuvo un techo de 800 huéspedes en el 2015. El director Cordovez indica que a través de un programa de reinserción bajaron la cifra a 250, lo que no significó desligarse de esa población. Dice que esta sigue recibiendo medicina y es objeto de monitoreo.Sostiene que cuentan con el apoyo moral y filantrópico de ciudadanos y de empresas, que estos “se han visto muy conmovidas y afectadas por el problema que está pasando la Junta”, golpeada también por la suspensión por tres meses de la venta de productos de la Lotería Nacional, debido a la pandemia del COVID-19.Según el directivo, la comercialización alcanza el 40 % de la marca regular. “El efecto es que al vender menos, la Lotería igual tiene que pagar el premio, no le queda ni siquiera utilidad, más bien puede perder dinero cada vez que hace un sorteo”, revela Cordovez.El jueves 13, los directivos pudieron reunirse con el presidente Lenín Moreno, quien delegó a la vicepresidenta María Alejandra Muñoz la resolución de la deuda que reclama la institución. (I)

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