La Iglesia católica de El Salvador consideró el domingo que la justicia se ensaña con las mujeres pobres que sufren abortos espontáneos y que son tipificados luego como homicidios, por los que se les castiga con elevadas penas de prisión.

“Aquí una persona que tiene recursos económicos y quiere abortar se va a otro país, y una persona que es pobre y que no tiene los suficientes recursos, sí tiene que cumplir una pena de prisión”, señaló el arzobispo de San Salvador, José Escobar.

“Todavía peor si se le incriminan delitos que no ha cometido. Entonces su delito es ser pobre”, agregó. La justicia salvadoreña absolvió recientemente a Evelyn Hernández, de 21 años, quien había sido condenada en julio del 2017 a 30 años de cárcel tras ser acusada de la muerte de su bebé al dar a luz. La sentencia fue anulada en febrero de este año por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó un nuevo juicio en el que fue liberada de cargos el lunes antepasado.

“Me complace que Hernández haya salido libre y que se haya hecho justicia finalmente, porque me parece que ella y otros casos (de mujeres condenadas) se hayan juzgado sin seguir el proceso debido, sin las pruebas, y eso no es justo”, señaló el arzobispo en una rueda de prensa en la catedral capitalina. Para Escobar, el caso de Hernández dejó en evidencia que el sistema de justicia “tiene graves falencias”, ya que en un primer momento la joven fue condenada “sin pruebas”.

Escobar recordó que el Código Penal, en su artículo 133, establece una pena de 2 a 8 años de prisión por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los espontáneos, como “homicidio agravado”, un delito penado con 30 a 50 años. (I)