Ordenanza contra drogas, una ‘mera declaración’ en Guayaquil

De día o de noche. En las mañanas, pero de preferencia al caer la tarde y cerca de colegios, dentro de parques, incluso en zonas regeneradas. El consumo de droga en la vía pública no tiene horario. A las 18:30 del 20 de junio en el parque lineal de la calle 29; a las 12:00 del 26 de julio en Luque y Pedro Moncayo; a las 16:00 del 31 de julio en el parque de Puerto Lisa; o a las 17:00 del 2 de agosto en la ciudadela Martha de Roldós.En grupos de cinco o más, adolescentes y jóvenes, en su mayoría hombres, aspiran o fuman el polvo blanco o marrón que los microtraficantes venden en funditas de una o dos dosis, luego de rondar por los sectores y aprovechar la distracción policial. “Pasan metiéndose algo en la nariz. Hay niños desde 10 hasta hombres de 20 años”, dice Kléver Alvarado, de 82 años, al finalizar sus ejercicios en el parque ubicado junto al hospital Guayaquil y a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC). Los agentes, dicen algunos padres, no entran al parque y solo actúan ante su pedido.El consumo de drogas en plena vía pública ocurre en Guayaquil pese a que está prohibido desde el 2 de mayo del 2017, en que entró en vigencia la ordenanza aprobada de forma unánime en una sesión del Concejo Cantonal presidida por el alcalde Jaime Nebot .Una ordenanza que –según dijo Nebot a la semana de aprobada– carece de fuerza porque no tiene sanciones, pero contribuye “a la condena de quien consume droga en sectores públicos”. La sanción, dijo el alcalde, corresponde al Gobierno: “Si no hay esa sanción nos vamos a quedar en la mera declaración”, sentenció y culpó a la Asamblea por no eliminar la “criminal tabla de consumo”.Hoy, 15 meses después de aprobada esta ordenanza, ese presagio del alcalde se evidencia en las calles porteñas y en las estadísticas del ECU-911 que revelan que en el 2017, año en que se aprobó la norma municipal, se registraron 42.143 llamadas y atenciones de emergencias por consumo de drogas, casi la mitad (19.634) en las zonas regeneradas de los distritos 9 de Octubre y Portete, sectores que encabezan el listado del ECU-911. A nivel nacional, ese año se reportaron 101.641 atenciones por consumo de sustancias; Guayaquil representó el 41%.“El problema macro aquí es limpiar las áreas públicas de consumidores. Que reformen la ordenanza”, dice Gustavo Navarro , concejal de Alianza PAIS, quien propone como sanciones las multas y el trabajo comunitario, pero la asesora del alcalde en el tema drogas no está de acuerdo con las sanciones.“Podría reformarse, pero yo no creo en el castigo. Yo creo en la ayuda”, refuta Cynthia Viteri , candidata socialcristiana a la Alcaldía y quien lidera a título personal el programa ‘Por un futuro sin drogas’ para rehabilitar a consumidores como Xavier, quien en las noches recorre la calle Portete vendiendo caramelos. Con una parte de la ganancia compra la droga H.“Esto (plan antidrogas) no tiene que ver con el Municipio, con ninguna de sus direcciones”, aclara Viteri y añade que lo hace con recursos privados.Lo que hace el Municipio, a través de la Dirección de Acción Social y Educativa (DASE), son programas de capacitación para que los jóvenes en general puedan aprender mecánica, gastronomía, belleza y moda.Pedro Duart, director de la DASE, menciona la construcción de un centro de rehabilitación para adicciones, anunciado por el alcalde. “Intentaremos que sea para finales de este año o para inicios del próximo año. Y ese centro estará a cargo de la DASE”, estima Duart.Mientras, el consumo en la vía pública se extiende. En el Distrito Sur (Barrios Centenario, Cuba y Guasmo), hubo 5.057 llamadas y atenciones por consumo y venta de drogas en el 2017, según el ECU-911. “Los hacheros pasan a toda hora”, dice Gabriela, empleada de una farmacia que ha sufrido robos de parte de consumidores, en la calle regenerada Abdón Calderón y Felipe Carbo (Guasmo Sur). Esthela, dueña de otro local, agrega que “corren al ‘Callejón de la Muerte’ y cambian lo que roban por droga”.Esto ocurre, dicen moradores como Martha, dueña de un frutería, por la falta de controles: “Rara vez viene la Policía, debe haber más control, se llevan las frutas, ni gritamos por miedo a que nos hagan algo”.Según la ordenanza que hicieron los concejales, los 500 policías metropolitanos que tiene Guayaquil solo pueden actuar cuando el consumo de drogas se dé en el marco de un escándalo público. Sin embargo, y aunque no lo especifica la norma, el asesor de Seguridad del Cabildo, Marco Cuvero, dice que “no es necesario que haya una riña. Si uno observa que está consumiendo la sustancia (psicotrópica), tiene que retirarse, no puede estar en espacios públicos, parques”.Cuvero admite los problemas y añade –sin dar cifras– que cuando hay resistencia llaman a la Policía Nacional para que retiren a los consumidores, mientras que el presidente de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, Gustavo Zúñiga, asegura –y tampoco da cifras– que “con la videovigilancia estamos procediendo (con la Policía)”.En la Comandancia de la Zona 8 de la Policía, la titular Tanya Varela, rehúsa hablar de la ordenanza, pero defiende la labor de sus agentes. “Así sea con una milésima de droga, ponemos (al consumidor) a órdenes de la autoridad... Con o sin ordenanza es un procedimiento que toda la vida se ha hecho”, sostiene Varela, mientras ciudadanos como Rosalía Farías, en el suburbio oeste, reclaman porque el consumo de droga se ha vuelto parte de la vida diaria. “En los buses, se sientan atrás”. La ley dice Art. 1 de ordenanza “Prohíbese consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas en lugares y eventos públicos, tales como parques, centros comerciales, edificios públicos, salas de cine, salas de teatro, eventos deportivos”. 1.100 cámaras de videovigilancia tiene la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG). (I)

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