El teléfono celular de un compañero del colegio fue prestado por un adolescente para alertar sobre un supuesto aparato explosivo en el colegio Campos Coello, la tarde del jueves.

Aquella amenaza movilizó al menos 40 agentes especializados de la Policía Nacional y creó zozobra entre los docentes, padres y alumnos que evacuaron la sede educativa ubicada en el norte de Guayaquil.

Esa misma mañana, otros dos planteles de la ciudad registraron amenazas falsas de las que se desconoce su origen.

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Las labores de Inteligencia de la Policía determinaron la ubicación del celular del menor que alertó en el plantel Campos Coello. Se retuvo y se sancionó a uno de dos menores.

Ante los casos de falsas alarmas de bomba que han venido en aumento no solo en Guayaquil, sino en otras ciudades, el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, la fiscal provincial Patricia Morejón y otras autoridades mantuvieron ayer una mesa técnica en la que anunciaron que cada caso remitido a través del sistema ECU-911 será judicializado.

La fiscal señaló que se podría culpar a los responsables por tentativa de terrorismo. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) esto podría llevar hasta 13 años de cárcel.

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En el país ya se registran 51 amenazas de bomba y siete detenidos. De esas, 17 alertas fueron en Guayaquil y 18 en Quito. En la última semana fueron evacuadas la Unidad Judicial del Albán Borja (Guayaquil) y la Corte de Justicia de Quito. Además, la zozobra alcanzó colegios y hospitales en Ibarra.

“El tipo penal en sí es poner en peligro la vida de las personas a través de actos que pongan en estado de terror. Si consideramos que esto ha causado terror ya no pasa a ser una falsa alarma, eso es un presunto delito de terrorismo en el grado de tentativa”, explicó Morejón al referirse al art. 366 del COIP.

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Un aviso falso de emergencia a una línea de ayuda puede acarrear de 15 a 30 días de cárcel, según el art. 396 del COIP.

Morejón añadió que un fiscal especializado se encargará de la investigación de 16 casos en los que se busca identificar los números de teléfono y descubrir a quienes emitieron las llamadas en Guayaquil.

En el caso específico de los dos menores retenidos en el Campos Coello se los sancionó como menores de edad. A uno se lo declaró inocente, ya que dijo solo haber prestado el celular sin conocer su propósito. El otro fue sancionado y deberá cumplir cien horas de labor comunitaria, la elaboración de un ensayo y disculpas públicas.

“Vamos a ser muy severos en la aplicación de las normas”, aseguró Lenín Zeballos, director en Guayas del Consejo de la Judicatura.

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Marcelo Tobar, comandante de Policía de la Zona 8, explicó que se busca que la Fiscalía pida que los responsables se hagan cargo del costo de desplegar un contingente policial a cada alerta falsas. Solo el miércoles, 40 agentes fueron a cada alerta emitida en Guayaquil.

Control en cabinas
Juan Marco Figallo, director del ECU-911 Samborondón, pidió que los centros de cabinas telefónicas mantengan un registro con nombre y número de cédula de clientes.

Llamadas desde celulares
José Cevallos dijo que además se pedirá a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) se determine a quién se vende un chip de teléfono para precisar responsables de alertas falsas. (I)