El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, por los comentarios de carácter “injurioso y calumnioso” que realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.
En su escrito al Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, al que EFE tuvo acceso este martes 24 de febrero, el cantante, a través de su abogado, solicita un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño, rectifique sus manifestaciones y le indemnice con el importe en el que se fijen “los daños causados en función de la difusión alcanzada por el comportamiento injurioso y calumnioso”.
De acuerdo con una ampliación del tema realizado por Europa Press, Díaz presuntamente se había referido a la noticia de la denuncia como “escalofriantes testimonios... abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.
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Según el escrito de Iglesias, Díaz presuntamente había afirmado que las trabajadoras “estaban en una posición de inferioridad extrema... La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulnerabilidades de los derechos humanos en las mujeres”.
La demanda afirma que los comentarios se emitieron en redes sociales y luego a través de la televisión, revelando supuestos “prejuicios de culpabilidad”
Dos exempleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española tras denunciar, en una investigación periodística publicada el 13 de enero de 2026, presuntas agresiones y acoso sexual por parte del cantante español. Fuentes jurídicas confirmaron a AFP que se presentó una denuncia contra Iglesias el 5 de enero y que estaba siendo examinada.
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No obstante, el 23 de enero la Fiscalía de la Audiencia Nacional española anunció que archivaría la investigación contra el artista de 82 años. En una resolución difundida en esa fecha, el órgano del ministerio fiscal alegó que no tiene competencias para valorar unos presuntos hechos que habrían ocurrido en el extranjero, específicamente en República Dominicana y Bahamas. (I)
