El expríncipe Andrés, despojado de sus títulos por sus vínculos con el fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein, solicitó la cancelación del arrendamiento de East Lodge, una propiedad de la Corona situada cerca de su antigua residencia en Sunninghill Park, en el sur de Inglaterra, según informaron medios británicos.
La vivienda, una casa pintoresca de un solo piso con techo de paja, estaba subarrendada a un empleado por menos de 13.000 libras al año (14.950 euros), un valor muy por debajo del precio de mercado.
El contrato de arrendamiento había sido firmado en 1998 por Andrés Mountbatten-Windsor con Crown Estate (organismo encargado de gestionar las propiedades de la Corona en beneficio del erario público) bajo condiciones favorables. El acuerdo fue renovado en 2025 y actualmente forma parte del escrutinio parlamentario junto con otras residencias reales.
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En febrero, y a instancias del rey Carlos III, el exduque de York ya había abandonado Royal Lodge, su residencia principal ubicada en Windsor, a unos 40 kilómetros de Londres. Por esa propiedad pagaba un alquiler simbólico de “un grano de pimienta”, aunque anteriormente había invertido en su renovación. Tras dejarla, se trasladó a una propiedad privada del monarca en Sandringham, en el este de Inglaterra.
El 19 de febrero, Mountbatten-Windsor fue detenido en Sandringham por la Policía y posteriormente liberado. Permanece bajo investigación por presunta conducta indebida en cargo público, relacionada con el envío de información sensible a Epstein durante su etapa como enviado comercial del Gobierno británico entre 2001 y 2011.
Carlos III retiró a su hermano todos sus títulos en octubre, después de que se conociera la magnitud de su relación con el magnate estadounidense, quien murió en 2019 en prisión mientras esperaba juicio por tráfico de menores.
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Una de las víctimas de Epstein, Virginia Giuffre (fallecida el pasado abril), acusó al exduque de haber abusado de ella en 2001, cuando era menor de edad. Andrés niega esas acusaciones, aunque en 2022 alcanzó un acuerdo extrajudicial para evitar una demanda civil por una suma estimada en 12 millones de libras.
A raíz del escándalo, la Comisión de cuentas públicas del Parlamento británico prevé investigar la gestión del patrimonio inmobiliario de la Corona por parte de Crown Estate. Los beneficios de esta entidad se destinan al erario público y también financian la subvención anual a la familia real, que además mantiene ingresos propios provenientes de sus propiedades y empresas privadas. (E)
