Me resisto a creer que la embestida del ministro de Deportes contra el Comité Olímpico Ecuatoriano ocurrida el 15 del presente mes en el despacho del presidente de la entidad, Jorge Delgado Panchana, haya sido autorizada por el primer mandatario de la nación, Daniel Noboa Azín, persona identificada con el deporte, practicante de esta actividad y respetuoso de las reglas olímpicas que preservan la no injerencia política en los organismos que rigen el deporte. Siendo un mandatario de buen juicio, conductor de un país abrumado por graves problemas de todo género y que afronta una guerra interna, es imposible aceptar que quiera tener un conflicto más, derivado de la ambición de un ministro y su grupo de influencia.

¿Cómo ocurrieron los sucesos del 15 de junio? El ministro José David Jiménez solicitó a Jorge Delgado, una gloria de nuestro deporte, que lo reciba para tratar varios asuntos. El exnadador olímpico creyó que el ministro iba a resolver el pedido del COE de los fondos para la participación en los Juegos Bolivarianos y el Panamericano juvenil, cuya entrega está muy atrasada. Inopinadamente, Jurado, sin argumentar los motivos, exigió a Delgado su renuncia y la del secretario general y la convocatoria de una nueva asamblea para elegir nuevas autoridades, bajo la amenaza de que, de no hacerlo, quedarían cesantes.

Desde su creación, el ministerio ha visto pasar por esa cartera a personajes sin preparación ni capacidad administrativa. Basta recordar al “comecheques” y al arquero José Cevallos, que, obedeciendo órdenes presidenciales, intervino 42 federaciones ecuatorianas, convocó una asamblea y decapitó al Comité Olímpico. Imposible olvidar a otro personaje que persiguió a Richard Carapaz y le impidió participar en unos Juegos Bolivarianos, propició la destrucción de la piscina del Centro Cívico, hizo creer al presidente Lenín Moreno que podía pedir la sede de la Copa del Mundo 2030 y proclamó que había conseguido 4.000 millones de dólares para la realización de esa cita universal. Pero la audacia de ir a la casa del olimpismo para obligar al titular del COE y a los directivos a renunciar es digna de asombro.

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Delgado, Jefferson Pérez y otros dirigentes respetables fueron elegidos el 5 de mayo de este año en un proceso que no tuvo ninguna observación. La jornada electoral se desarrolló con la presencia del observador del Comité Olímpico Internacional (COI), Camilo Pérez López Moreira, quien validó el proceso. “Nos reunimos un día antes con representantes de las dos listas. Tengo que decir que el proceso ha sido muy transparente. Felicitaciones al deporte olímpico ecuatoriano por esta jornada de paz. Ecuador es un país poderoso deportivamente hablando, con grandes resultados. El olimpismo es esto que vivimos hoy: votar con libertad”. El representante del COI fue claro: “(Jorge Delgado) está reelecto, es el presidente. Para nosotros, como Comité Olímpico Internacional, esto termina acá”.

Producido el acto de irrespeto a su autoridad y a la autonomía del COE, Jorge Delgado lo puso en conocimiento del Comité Olímpico Internacional en la persona de Jerome Poivery, director de Gobernanza del COI, quien se encarga de las relaciones institucionales y los asuntos de los comités olímpicos nacionales (CON). En su comunicación, Delgado dejó constancia de la participación del ministro y sus amigos en favor del otro aspirante, que era nada menos que Roberto Ibáñez, presidente de la Federación Deportiva del Guayas, una entidad que recibe del Estado más de 8 millones de dólares anualmente, más lo que recauda por autogestión, mientras en Guayaquil y los cantones no se conoce ninguna actividad deportiva. El presidente del COE dijo a Poivery: “Como ya he dicho, el Ministerio de Deportes de Ecuador apoyó firmemente a los otros candidatos, pero, a diferencia del buen jugador, no aceptaron los resultados de las elecciones, que se celebraron en mayo bajo la supervisión de un miembro del COI”.

Desde su fundación el 23 de junio de 1894, el COI adoptó el principio de neutralidad política. Recalcó la necesidad de autonomía en los CON, “que consiste en controlar y establecer libremente las normas del deporte, determinar la estructura y gobernanza de sus organizaciones, disfrutar del derecho a elecciones libres de toda influencia externa y garantizar la aplicación de buena gobernanza”, según lo señala la Carta Olímpica. Los CON deben “adoptar medidas para reforzar la unidad del Movimiento Olímpico, proteger su independencia, mantener y promover su neutralidad política y salvaguardar la autonomía del deporte”.

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La misma Carta Olímpica establece que la Comisión Ejecutiva del COI “puede adoptar todas las decisiones apropiadas para la protección del Movimiento Olímpico en el país de un CON, incluyendo la suspensión o retirada del CON en cuestión, si la Constitución, legislación o cualquiera otra reglamentación vigente en dicho país, o si la actitud gubernamental o de cualquiera otra entidad, atentan contra la actividad, expresión de palabra o voluntad del CON en cuestión”. ¿Qué significa esto? Que una intervención del ministro Jiménez Vásquez acarrearía la inhabilitación de nuestro país en toda competencia internacional, incluida la Copa del Mundo 2026. Al no poder participar, nuestros deportistas David Pintado, Neisi Dajomes, Richard Carapaz, Tamara Salazar, Lucía Yépez, Angie Palacios, Glenda Morejón, Lizbeth Quiñónez y muchos más no podrían acumular los puntos que necesitan para lograr clasificar a los Juegos de Los Ángeles 2028, todo por la soberbia ministerial.

El propósito de apoderarse del COE no es nuevo. Viene maquinándose desde que perdieron las elecciones. No conciben que los delegados a la asamblea hayan preferido a Jorge Delgado y Jefferson Pérez, un lujo de dirigentes, antes que a su “candidatazo” Roberto Ibáñez. Desde la caída, empezó a fraguarse la intervención de las federaciones ecuatorianas y van ya catorce que han visto desplazados a sus directivos. Es tan original la maniobra que un interventor maneja cuatro federaciones.

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Y falta aún el trámite de la nueva Ley del Deporte, un proyecto, documento o lo que sea que va por el segundo debate en la Comisión de la Salud y el Deporte de la Asamblea sin que los más importantes organismos deportivos hayan sido consultados sobre su texto, a excepción de la Federación Deportiva del Guayas (Roberto Ibáñez fue invitado por la comisión) y la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. El COE y las federaciones ecuatorianas jamás han sido consultadas. ¿Alguna razón para que el trámite de una ley tan importante se haya mantenido en secreto? Hay muchas, entre ellas el peligroso artículo 25 del proyecto, que convierte al Ministerio del Deporte en dueño absoluto del movimiento deportivo con capacidad para intervenir a cualquier organismo, entre ellos el COE. Tengo en mis manos este engendro intervencionista y prometo analizarlo en estas páginas.

El COI, Panam Sports y la Organización Deportiva Sudamericana están muy atentos a lo que suceda en nuestro país. Jerome Poivey expresó a Jorge Delgado: “Como discutimos por teléfono y en lo que a nosotros respecta, solo reiteramos en esta etapa el principio fundamental de la autonomía del Movimiento Olímpico, tal como se establece en la Carta Olímpica. En el futuro, y según nuestras recomendaciones habituales en estas circunstancias, recomendamos encarecidamente a su CON que nos informe lo que suceda”. (O)