El deporte de Ecuador vive hoy un clima de conmoción ante el peligro de una pandemia política que promete convertir en cenizas los escombros que han quedado después de doce años de vigencia de la actual Ley del Deporte, forjada en las cocinas de la ‘Familia Revolución Ciudadana (FaRC)’ con asesoría venezolana. Para que podamos recordar los pormenores del desastre, bajo la ideología del Pensamiento Único que asoló el país, desde Carondelet se urdió la patraña de apoderarse de los entes deportivos para someterlos y manipularlos a los intereses del grupo que depredó la institucionalidad republicana, con la represión y el abuso contra las libertades ciudadanas.

La regla se aplicó con inusitada dureza. Los amanuenses de los ministerios, y otras entidades públicas, ocuparon los cargos que antes eran ejercidos por el voluntariado deportivo. Dirigentes de larga experiencia y probada honorabilidad fueron reemplazados por súbditos del movimiento político reinante. Más de 40 federaciones ecuatorianas por deporte fueron intervenidas por el obediente ministro del Deporte, José Francisco Cevallos, se obligó a renunciar al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano y se eligió una nueva directiva. El presidente resultó ser el viceministro de Cevallos y la tesorera la actual Secretaria del Deporte. La más afectada fue la Fedeguayas, que en diez años de mandato de la delegada del Ministerio de Salud, Pierina Correa Delgado, vio desaparecer su título de capital deportiva del país. Murieron casi todos los deportes y los escenarios deportivos se convirtieron en ruinas. Todo ese trabajo de demolición costó más de $100 millones.

La presión de la prensa y de los pocos dirigentes sobrevivientes originó la intervención de Fedeguayas que duró 19 meses, al término de la cual no hay ningún informe que señale responsabilidades. La secretaria del Deporte ya dijo a EL UNIVERSO que ella no tiene nada que informar y que si quieren saber algo, busquen a los interventores que fueron empleados suyos, pero que hoy no sabe donde están ni qué fue lo que hicieron. Encubrimiento e impunidad con la anuencia de don Lenín Moreno.

Desde hace varios meses la Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea había venido tratando el tema de una nueva ley que pudiera purgar el engendro pernicioso correato y darle al deporte nacional una estructura más justa y despolitizada que pudiera librarnos de futuros Cevallos y Pierinas. Sabíamos de los proyectos de los asambleístas Sebastián Palacios y Luis Pachala, y del de la Concentración Deportiva de Pichincha. Leímos los dos últimos y pensamos que, discutiéndolos con abogados expertos en el tema y con dirigentes de experiencia, podría llegarse a una propuesta consensuada que refleje las necesidades y soluciones que requiere nuestro maltratado deporte.

De repente, a fines de octubre y en los primeros días del mes que decurre, empezó a circular un “informe para el primer debate del proyecto de nueva Ley del Deporte”, que fue recibido con sorpresa e indignación en todos los organismos deportivos no alineados con la politización. Lo extraño es que este proyecto no es el que se discutió en la comisión pertinente y del examen de su contenido es evidente que los que lo redactaron no tienen el menor conocimiento de la realidad, trascendencia e historia de nuestro deporte. Desde la redacción enrevesada y confusa y el constante uso de “las y los” se delata el mefítico tufo correísta de sus autores. Los más asombrados son los miembros de la comisión, que han expresado en público que no tienen nada que ver con el proyecto y sospechan de dos asesores, a los que conviene identificar.

Si la ley actual quitó autonomía a las entidades deportivas, instaló a figuras políticas en la dirección e hizo de la intervención un instrumento de castigo, el actual proyecto parece centrar su aspiración en el carácter represivo y tiránico de la ley. Mientras la Constitución, en su artículo 382, establece la autonomía de las entidades deportivas, el llamado ‘Razonamiento conceptual y análisis de la propuesta’ contenido en el proyecto, señala: “Adicionalmente, se fortalecen las competencias y facultades del ente rector del deporte con la inclusión de acciones que hasta el momento no estaban contempladas en la norma, como la facultad coactiva, el fortalecimiento de los procesos de intervención, la inclusión de causales de disolución de organismos deportivos, la tipificación de infracciones que permitan sancionar los incumplimientos a la normativa vigente de manera adecuada y aplicando el principio de proporcionalidad, con lo cual se complementa el ámbito de acción y control”. Represión y castigo a cualquier intento de independencia directiva, muy propio de las tiranías.

Darles a las ligas cantonales la facultad de elegir directivas de las federaciones provinciales es desconocer y debilitar su institucionalidad. Las ligas cantonales fueron, en los años 40, 50 y parte de los 60, sólidos organismos que contribuyeron al poderío federativo. Cito un caso que conozco en toda su interioridad: el de la Liga Cantonal de Milagro, que tuvo grandes dirigentes y gracias a su labor Milagro tuvo su estadio y coliseo modernos y grandes deportistas en el fútbol, básquet, boxeo, natación y competidores olímpicos y campeones sudamericanos en levantamiento de pesas. Hoy el deporte en Milagro es un cadáver, como ocurre en otras ligas cantonales de Guayas. La potestad electiva de las federaciones provinciales debe residir en las asociaciones provinciales por deporte a las que hay que fortalecer. Las mismas asociaciones deben ser las que elijan a las federaciones ecuatorianas y no los delegados de las provinciales que estarían en manos de las ligas cantonales, hoy inactivas y difuntas.

Hay que otorgar a los organismos deportivos autonomía financiera para que no estén sometidos a la voluntad de la Secretaría del Deporte. Es indispensable restaurar el reparto del impuesto del 5 % a los impulsos telefónicos, derogado por Correa para garantizar la subordinación de los dirigentes. El alto rendimiento y su administración deben volver a las federaciones ecuatorianas que han estado sometidas a la voluntad de la Secretaría.

El fomento del deporte es obligación del Estado por disposición constitucional. Para poder cumplir con esta obligación otorga poderes a los organismos deportivos que pasan a ser personas jurídicas con finalidad social y pública. Por esta razón el deporte no mendiga recursos; pide los que necesita para cumplir con el encargo que el Estado le ha conferido. La intención de esta columna es advertir el peligro de que ese mamarracho seudojurídico que el presidente de la Asamblea se ha propuesto elevar a discusión derrumbe lo poco que los verdaderos y sacrificados dirigentes han logrado salvar del azote de la Revolución Ciudadana y su continuidad morenista. (O)