Mientras cada vez se enfría más la advertencia de demanda de Barcelona contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hecha por José Francisco Cevallos por la eliminación en Copa Libertadores (tras un castigo aplicado por la Conmebol), la temperatura sube en otros ambientes. Ahora la disputa es con el Tribunal Electoral amarillo.

Cevallos anticipó, el pasado martes, que en el club “se ha decidido no responder una carta, un pedido del Tribunal, hasta que (ese órgano) realice las debidas disculpas públicas”.

Desde noviembre del 2018 el Tribunal Electoral, entidad independiente encargada de organizar los comicios del club, ha solicitado la lista actualizada de socios y que se informe el estado de las deudas de cada uno. Esto para poder elaborar un prepadrón que incluya a aquellos habilitados para votar.

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Y ante las trabas puestas desde el club, el 17 de febrero se hizo público el malestar del Tribunal, que preside Raúl Chávez. Mediante Twitter, el ente aseguró haber sido “groseramente irrespetado al dilatarse la entrega del prepadrón”. Se reveló que Héctor Rugel, presidente de la Comisión de Socios toreros, agendó “de común acuerdo una reunión de trabajo para el viernes 15 de febrero de 2019, a las 15:00” para “entregar el prepadrón definitivo”.

Hasta la fecha, a pesar de múltiples insistencias, no se han cumplido en su totalidad los compromisos (de la entrega de listas). Tribunal Electoral de Barcelona

Pero “a las 14:30 el señor Rugel nos canceló la reunión y en la noche nos remitió una base de datos con 4.924 socios”. Para el Tribunal Electoral “esa lista no sirve para trabajar”.

Según el Tribunal “hasta que no obtengamos del club toda la información solicitada, y debidamente sustentada, solo admitiremos en el padrón a aquellos socios que hayan estado al día hasta octubre del 2017”. Rugel respondió que “los socios en la Asamblea General decidirán si están contentos con este Tribunal Electoral”, pese a que sus miembros le recordaron que fueron elegidos para cumplir funciones del 2016 al 2020.

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También el artículo 67, numeral 3 del estatuto de Barcelona, ampara al Tribunal al determinar que debe “supervisar el padrón de electores, para efectos de lo cual deberá contar con el apoyo y la colaboración de los responsables del área de socios (que preside Rugel) y del secretario general del club”.

En el Tribunal afirman que lo que Rugel dio “no es un listado completo de todos los socios tal como se solicitó. Es decir, a la fecha no conocemos quiénes son los socios que están atrasados en sus obligaciones, cuándo fue la fecha de su último aporte, qué socios a la fecha se encuentran ya inactivos, cuántos de ellos potencialmente podrían también formar parte del padrón electoral, etcétera, lo cual impide realizar un minucioso control (...) en pos de la transparencia del próximo proceso electoral (en octubre)”. (D)