Ricardo Vasconcellos Rosado: ¡Nuestro ordenamiento deportivo se fue al diablo!

La Ecuafútbol, como otras organizaciones deportivas del país, “son entidades de derecho privado sin fines de lucro con finalidad social y pública”. Un obsecuente defensor radial de Carlos Villacís dijo que es privada y puede dar a dedo los derechos de TV.En los dos últimos años hemos vivido la peor época de corrupción y caos en nuestro deporte. Basta citar el repudiable episodio del FIFAgate, cuyas derivaciones de extorsión, lavado de activos, sobornos, fraude, y enriquecimiento ilícito se descubrieron gracias a la fiscal estadounidense Loretta Lynch, al FBI y a la Policía suiza. Un entramado gansteril de cuello blanco construido por dirigentes que se proclamaban respetables y prestigiosos convirtió a la FIFA en una banda delictiva ante la cual la Mafia siciliana o la Camorra napolitana parecen entidades filantrópicas.En Ecuador se sabía que había cosas sucias en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La sola cercanía de los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis en los negocios federativos era ya un mal presagio. En el 2005, el expresidente Luis Chiriboga Acosta intentó instalar con ellos el Canal del Fútbol mediante el pago de una suma irrisoria. En este Diario denunciamos la maniobra y la intervención del Congreso Nacional y la Defensoría del Pueblo obligaron al dirigente –hoy sentenciado– a cancelar el negocio con los Jinkis y a devolver un anticipo.En el interior de la FEF nadie sabía lo que pasaba con el manejo de los derechos de televisión en los partidos de la selección nacional. Fueron 18 años de silencio cómplice. Supongo que todos los directivos conocían las actividades de Chiriboga, pero se mantenían al acecho pensando que algún día ‘se le iba a dormir el diablo’y entonces ellos adquirirían la calidad de sucesores. Eso ocurrió cuando el gobierno no pudo sostener la protección impune y le aflojó la rienda al mandamás de la FEF. Preso Chiriboga, todos subieron un puestito y allí están, añadiendo descrédito al vapuleado balompié ecuatoriano.En el 2012, los clubes fueron despojados del derecho de negociar por su cuenta la transmisión de los partidos. Chiriboga justificó la medida alegando que tales derechos pertenecían a la FEF, que apenas se “los había prestad o”. Para el torneo nacional del 2013 los entregó al gobierno del correato, que los compró para usarlos como vehículo de propaganda exacerbada del “milagroecuatoriano”. Chiriboga declaró que los clubes que habían contratado con canales privados no tendrían que pagar nada a tales medios de comunicación, pese a que los compromisos estaban vigentes.Con el desparpajo que le era característico el expresidente de Ecuafútbol declaró que “el arrendamiento de los derechos de televisión del fútbol ecuatoriano” lo había adjudicado a dos canales estatales por propia voluntad, sin licitarlo y sin consultar a los clubes. Pintó un futuro luminoso en lo económico para los actores del balompié, a los que auguraba que nunca más tendrían problemas económicos pues garantizaba, a las 24 entidades de las series A y B, al menos $ 16 millones anuales y hasta el 2017 una fortuna superior a los $ 100 millones. “Este es un contrato transparente”, dijo en una entrevista, pero nadie conoció su texto, ni siquiera los clubes que le eran incondicionales ni su séquito de periodistas chamberos. La realidad fue que muchos clubes naufragaron, que el Gobierno Nacional se quedó sin dinero, que los canales públicos cobraban a las empresas de cable, pero no entregaban a la FEF lo cobrado, y que aún hoy esta entidad simula que persigue a TC Televisión ya Gama para que paguen.La salida definitiva de Chiriboga no fue una solución a los conflictos del fútbol, pues el cambio ha sido meramente cosmético. Los mantos que cubrían los rostros de los compañeros de directorio del sentenciado Luchito cayeron por arte de magia. Los del silencio cómplice empezaron a hablar y a intentar dirigir ese potro chúcaro que es la FEF. La percepción generalizada es que no ha cambiado nada. Nos quedamos fuera de Rusia 2018, pese a que nos gastamos $ 4 millones. Ahora, el presidente Villacís dijo que si bien no habíamos logrado un cupo al Mundial debíamos sentirnos orgullosos de los triunfos del fútbol de playa.Faltó energía para zanjar las polémicas de Gustavo Quinteros con los dirigentes, con los jugadores y los periodistas. El mismo Quinteros –demasiado mediocre para afrontar el proceso eliminatorio– dijo en un audio que con Villacís a la cabeza nos quedábamos fuera y no merecíamos ir a Rusia 2018. El actual presidente de la FEF lo llamó a una reunión que fue como el Parto de los Montes: cuando todos esperábamos que de todos los rugidos saliera un león, salió un humilde ratón. “Ya está todo arreglado. Quinteros es un gran técnico y con él vamos a clasificar”, declaró Villacís.Hoy la Ecuafútbol está en el centro de la polémica una vez más por el contrato de ‘arrendamiento’ de los derechos de transmisión del campeonato nacional. El reiterado discurso del presidente de que su periodo sería de ‘transparencia’ contrasta con la opacidad de los procedimientos. Se llamó a varias empresas a un concurso, no a una licitación pese a que se trataba de un asunto de interés público y que estaban en juego $ 270 o más millones. El proponente de una acción de protección, Dalo Bucaram, aseguró que la propuesta de la empresa GolTV llegó al día siguiente de cerrado el concurso. La justicia ordinaria ordenó la suspensión del contrato, pero la empresa ya pagó el 30% de anticipo ($ 6,6 millones según Oswaldo Jiménez, de la empresa uruguaya), lo que estaba prohibido. Indudablemente se ha violado una orden judicial.Un obsecuente defensor de la FEF dijo en una radio que si la Federación hubiese querido dar a dedo los derechos era su problema porque es una entidad privada y puede hacer lo que le dé la gana. ¿Qué concepto tiene este periodista sobre la vigencia de la Constitución y el obligatorio cumplimiento de las leyes por parte de las personas naturales y jurídicas? El deporte, según la Constitución, es un derecho ciudadano y al Estado le corresponde “proteger, promover y coordinar”esta actividad. Las organizaciones deportivas “son entidades de derecho privado sin fines de lucro con finalidad social y pública”, según la Ley del Deporte vigente, y ejercen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores de la administración pública. Los aspirantes a narradores o comentaristas del canal del fútbol que va a crear Paco Casal es mejor que piensen bien antes de emitir mamarrachos intolerables, como lo hicieron el periodista de una radio y también el de un programa televisivo de medianoche.Jefferson Pérez, un nombre respetable en nuestro deporte, se ha mostrado extrañado de que la ministra del Deporte sea a la vez secretaria rentada del Comité Olímpico pues existe una evidente incompatibilidad, al menos moral. Es como si el presidente del Consejo de la Judicatura, que controla y supervisa a los funcionarios judiciales, fuera también ministro de una Corte provincial y juez de lo Penal, por ejemplo. Más o menos lo que sucede en la Supercom, en que el titular de esta dependencia es juez y parte.Todo arranca, Jefferson, en esa malhadada Ley del Deporte con la que el Gobierno asaltó a las entidades deportivas para estatizarlas. Hay que crear una veeduría ciudadana sobre el deporte para denunciar los contratos “confidenciales” millonarios y el destino de los cuantiosos recursos gastados desde el 2010 en que se dictó la ley. (O)

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