Quito.- Un video con testimonios de personas que confirmarían desplazamientos de comunidades durante el gobierno del presidente Rafael Correa fue la respuesta que ayer dio la hermana Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu), al pedido público del mandatario en su enlace del 30 de marzo.

Ese día Correa pidió a Monge que informe cuáles son las comunidades que han sido desplazadas para poder corregir inmediatamente.

Durante una rueda de prensa, la representante de Cedhu presentó casos de supuestos desplazamientos y criminalización en tierras de campesinos e indígenas en San Pablo de Amalí, en la provincia de Bolívar; en el Pangui, en Zamora Chinchipe; y en Chone, en Manabí.

Tras la exposición del video, que será entregado la próxima semana al Presidente, Monge dijo que los testimonios no son un invento de la Cedhu sino una realidad que a lo mejor el primer mandatario desconoce o “está mal informado”.

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La mayoría de los casos de desplazados y enjuiciados por protestas, explicó, se dan en los proyectos de minería a gran escala y en hidroeléctricos, detrás de los cuales están las transnacionales, así como en el proyecto multipropósito Chone. Sin embargo, aclaró que no todos los desplazados han sido acusados de terrorismo y sabotaje.

Sugirió una investigación para determinar dónde están los desplazados, pues asegura que hay testimonios de quienes, siendo dueños de las tierras, viven ahora en situaciones precarias. “Hay que ayudarle a la gente a que tenga elementos de las causas e implicaciones de su desplazamiento, lo único que saben es que están desesperados y están sufriendo”, dijo.

Al momento se ha realizado un informe sobre la supuesta vulneración de derechos en el proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, así como del tema de la criminalización de la protesta. En los próximos días se presentará una queja ante la organización Ombudsman, en Canadá, una especie de Defensor del Pueblo, donde se denuncian las acciones de empresas que afecten a las personas.

Casos puntuales
Proyectos

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Mina de cobre Mirador
Desplazadas 45 familias de la parroquia Tundayme. Rosario Waro (indígena shuar desalojada); familia Belezca Vintimilla, desplazada.

Represa Río Grande
Estarían afectadas 150 familias. Se menciona criminalización de la protesta y familias forzadas a vender sus tierras.

Hidrotambo
Carmen Elisa Guanulema y otros pobladores de San Pablo de Amalí estarían en riesgo de desplazamiento; Manuel Cornelio Trujillo, dirigente, enfrenta juicio por sabotaje y terrorismo; Manuela Pacheco, acusada por oponerse al proyecto.