Si lo hubiera sostenido algún oponente, él habría dicho que tiene un zapato en la cabeza. Pero, ya que no se deben seguir los malos ejemplos y es mejor guiarse por razonamientos, basta decir que una propuesta como la de convertir a la información en una función del Estado puede venir de un exabrupto, de un asombroso desconocimiento (sinónimo de ignorancia) o de una visión autoritaria de la política. Tomando en cuenta los argumentos y las aclaraciones, parece que no hubo nada de lo primero, una dosis de lo segundo y mucho de lo tercero.
El planteamiento central, expresado en una entrevista con un medio español (privado, por tanto, según su concepción, con fines de lucro) fue textualmente: “Si la información es un derecho, la base de las libertades fundamentales y la libertad de expresión, ¿por qué no puede ser una función del Estado, como la justicia?”. Ya de regreso, reiteró su propuesta y subrayó que la información manejada por “negocios privados en realidad es una contradicción”. Además, comparó el derecho a la información con el derecho a la justicia. “Imaginen jueces privados administrando justicia. Hay que estar chiflado”, afirmó con su característica delicadeza.
Hay tela para cortar en esas declaraciones. Por el momento cabe destacar tres aspectos. Primero, siguiendo su propia lógica, si todos los derechos fundamentales deben dar lugar a funciones del Estado, entonces debería crearse la función de alimentación, que es un derecho tan básico como la información. Segundo, este derecho consiste no solo en contar con una enumeración de los hechos que se producen, sino sobre todo en disponer de múltiples interpretaciones de esos hechos y de lo que hacen los gobernantes. Por ello está indisolublemente ligado a la deliberación, que solamente existe cuando hay múltiples fuentes de información y muchos espacios de debate. Al contrario, la propuesta llevaría a la implantación de una visión única. Tercero, la comparación con la justicia es, por decir lo menos, poco feliz. Esta, a diferencia de la información, no puede depender de los diversos puntos de vista con que es abordada la realidad. Por eso se la encarga a instituciones y personas especializadas que se rigen por normas estrictamente establecidas (excepto en casos como el de la justicia indígena que, siguiendo su opinión, sería cosa de chiflados porque está en manos de ciudadanos comunes y corrientes).
Adicionalmente, hay que tomarle muy en serio cuando afirma que “la justicia en el país está controlada por los gobiernos porque es una función del Estado”. Ahí expresa claramente su posición no solo con respecto a la información y la comunicación, sino sobre la separación e independencia de funciones. Repite su propuesta de un gobierno que controla todas las funciones, entre las que ahora incluye a la información.
Paralelamente y en la misma línea, el secretario de AP clamaba por jubilar a Montesquieu. Una lástima que no haya aprovechado su encorbatada reunión con decenas de abogados en el Club de la Unión para enterarse de principios básicos de derecho constitucional. Pensaría, quizás, que nada tenían que enseñarle esos pelucones.
