LONDRES
El debate sobre la regulación de los medios se encuentra siempre entre la autocensura y la autorregulación de esta industria. La diversidad de los medios y el incremento del uso del internet con fines informativos han vuelto tan complejo este debate que el periodista y académico Roger Silverstone, de London School of Economics, lo ha denominado con razón “el Kioto de los medios”.
Hay quienes argumentan que para que la industria de la información sea ética y justa, el gobierno debe regularla y lograr la autocensura. De esta manera, se habla de una prensa relativamente libre o “a la europea”. Otros cuestionan la intervención del gobierno en este asunto y exigen una prensa absolutamente libre o “a la americana”.
Cuando los medios privados son libres, estos se autorregulan. Así, los medios perciben que deben ajustar su desempeño en la industria de acuerdo con la respuesta o exigencia de sus consumidores/clientes, a creencias éticas o incluso con el fin de producir una mejora de la reputación general de la industria.
Este sano ajuste no requiere intervención estatal: al fin y al cabo los dueños de los medios deciden qué publicar y sus consumidores y anunciantes deciden si su posición en la industria es loable y ética y lo manifiestan de la forma más simple: si aprueban el contenido, lo consumirán volviéndolo exitoso; si lo reprenden, dejarán de usarlo y la falta de recursos se encargará de desaparecerlo.
Por otro lado, la intervención del gobierno en este proceso tiene al menos los siguientes problemas: 1) El poco o nulo conocimiento de los gobernantes de cómo funciona la industria, que tiene como resultado la creación de políticas que podrían poner en riesgo la libertad de información; 2) El uso inapropiado del dinero de los contribuyentes, que difícilmente estaría dispuesto a destinarlo para “mejorar” una industria; 3) El gobierno no posee los incentivos adecuados: los reguladores de turno tendrán siempre un mayor interés en proteger su puesto que tener una óptima calidad de medios y, en consecuencia, su incentivo será el de premiar a los que le ayudan a cumplir este objetivo y castigar a los que no; y 4) La intervención del gobierno distorsiona la competencia de la industria eliminando así uno de los aspectos más saludables para el desarrollo de este sector, pues ella descarta a los actores ineficientes, premia a los eficientes y permite la entrada de potenciales figuras que el público receptor de la información requiera.
En Ecuador, la llamada Ley Mordaza es el más claro ejemplo de intervención gubernamental en esta industria. En caso de aprobarse, reduciría el espacio de los medios privados y su consejo regulador sancionaría a quienes se nieguen a rectificar informaciones, logrando que prevalezcan los incentivos políticos por sobre los de contenido. Esto afectaría directamente a la industria de los medios, y en última instancia, a la ciudadanía.
Si la industria de los medios trabajara en función de la autorregulación y no de la autocensura, quizá logremos tener una industria de medios de primera clase y una ciudadanía debidamente informada. A fin de cuentas, es mejor que usted que lee este Diario decida si le gusta en lugar de que un funcionario decida por usted.
