La Junta Bancaria prohibió a las casas comerciales otorgar a sus clientes tarjetas de crédito propias para sus ventas a plazo, por lo que a menos que estas decidan ceder los intereses que devengaban y pagar comisiones a las emisoras de tarjetas de crédito, tendrán que anunciar al público “hoy no fío y mañana tampoco”, asumiendo el alto riesgo de que sus clientes pierdan el incentivo de pagar sus cuentas por no poder acceder a nuevas compras con pagos diferidos. Para evitarlo, no habrá más solución que acordar que las tarjetas de crédito bancario brinden a sus clientes los mismos servicios que ellas les brindaban directamente. La comisión que la casa comercial pagará al banco la cargará a sus clientes vía incremento de precios, total, pierde intereses pero sigue en el negocio y requiere menos financiamiento bancario o del mercado de valores. A fin de cuentas, quienes más ganarán serán emisoras de tarjetas y bancos y quienes más perderán, los consumidores. Brillante decisión para reducir el volumen de consumo por aumento de precios pero no el endeudamiento de los consumidores. El apetito al consumo a crédito no parará con medidas mientras tengamos una moneda fuerte y liquidez en el mercado. En cuanto al endeudamiento en exceso, de darse, serán los propios acreedores quienes se perjudicarán. En cualquier transacción crediticia el riesgo es compartido entre deudor y acreedor, de ahí que sea obligación de estos últimos seguir sanas normas de prudencia crediticia en la asignación de cupos a sus tarjetahabientes y de los organismos de regulación y control, supervisar con responsabilidad y oportunidad el cumplimiento de dichas normas. Si el temor fuera debilitar al sistema financiero por concentración en créditos de consumo, tengamos presente que el fracaso de los bancos obedece generalmente a irresponsabilidad y hasta colusión de sus administradores y sus organismos de control. No olvidemos que el crédito es sinónimo de confianza y herramienta fundamental del convivir diario de todos los habitantes y cobija tanto a barrios pobres como lujosas urbanizaciones. Estigmatizarlo y prohibir el crédito no bancario sería nefasto para el fío de las tiendas de barrio sin el cual muchas familias no tendrían diariamente el plato en la mesa o vendedores de artículos a la sencilla que proveen a las amas de casa con telas y otros artículos o a la casa de empeño a la que acuden por necesidades apremiantes. Lo importante es evitar la explotación en precios y tasas de usura y eso sí le corresponde cuidar al Gobierno. No está bien prohibir la libre competencia de las casas comerciales para pactar ventas a plazo con sus clientes con tarjetas de crédito propias, a menos que se hubiesen detectado abusos, en cuyo caso se los corrige a través de leyes y otras normas. Si en algo ha contribuido la dolarización es a elevar el nivel de vida de las familias ecuatorianas por la confianza que su estabilidad brinda a compradores y acreedores, de ahí los largos plazos que han permitido a las familias adquirir viviendas, vehículos, artefactos y muebles que con la inestabilidad del sucre era imposible. No es dañino el crédito, dañino es desconfiar de sus atributos.