A menudo la prensa nos informa que se discuten, aprueban, promulgan leyes. Y con frecuencia hay opiniones encontradas sobre su contenido.
No es extraño encontrar personas que dicen que no leen estas cosas porque no les interesa, sin embargo, son las leyes las que “mandan o prohíben algo en consonancia con la justicia y para bien de los gobernados”, tal como lo señala el Diccionario de la Real Academia de la Lengua.
Pero, precisamente, muchas veces la discusión es acerca de si la ley propuesta y aprobada cumple con el requisito de estar en consonancia con la justicia y ser para bien de los gobernados.
Para evitar la contradicción, todas las leyes deben estar en consonancia con la ley fundamental, la Constitución, en la que se establecen los principios que deben regir la legislación de un país. Para asegurar que esa ley fundamental refleja los principios que la sociedad reconoce como válidos y necesarios para su convivencia, en una democracia, es elaborada por representantes elegidos por el pueblo, que una vez que se incorporan a la Función Legislativa tienen los mismos derechos y deberes, cualquiera que sea su orientación política, el partido del cual proceden o el número de votos que sacaron en las elecciones.
Es importante que en la elaboración y aprobación de las leyes se tengan en cuenta los principios definidos en la Constitución, que estén inspiradas en la justicia y que sean para bien de los gobernados y esto incluye el respeto a sus derechos humanos. Cuando no es así, es claro que alguien no está cumpliendo con su mandato.
El proceso de propuesta y elaboración de las leyes que está también señalado en la Constitución, tiene una metodología que hay que cumplir y respetar y no hay autoridad que pueda cambiarlos, a no ser, siguiendo las normas que la misma legislación indique.
Todo esto que puede parecernos engorroso es necesario y busca defender el imperio de la ley porque es el referente común que tenemos los ciudadanos para vivir en el Estado, que es la sociedad políticamente organizada. Cuando no se cumplen los procedimientos, cuando se salta la norma, cuando se buscan justificaciones para forzar la ley o alterarla, se está actuando ilegalmente y degradando el sistema democrático, en otras palabras, se está abriendo la posibilidad para todas la arbitrariedades. En ese momento los ciudadanos pierden la confianza en la garantía que significa la ley y viven en un estado de indefensión e incertidumbre.
Por lo tanto, es de interés general todo lo que se relaciona con la Constitución, las leyes y su cumplimiento y bien haríamos los ciudadanos en seguir con atención las noticias que se relacionan con el tema, pues debemos asegurarnos de que nuestros derechos son respetados y de que las leyes que rigen nuestra vida en común se han hecho pensando en el bien general y no obedecen ni a circunstancias ni a intereses de ningún tipo.
Debemos aprender a distinguir la violaciones a la ley y sus disfraces, las manipulaciones y las zancadillas, por la salud de nuestra democracia, para evitar la entronización del autoritarismo y para exigir el respeto a la Constitución.
