En el enlace sabatino de hace ocho días, el presidente Correa anunció que el primero de enero pondría fin al subsidio a la gasolina de aviación para las aerolíneas nacionales cuando cargan en los aeropuertos de Guayaquil, Quito y Cuenca. El ahorro sería de 90 millones de dólares anuales.

El presidente Correa viene tomando medidas para reducir el subsidio a los combustibles. Pero ha procedido cautelosamente, evitando impactos mayores, y procurando afectar solo a los consumidores de mayores recursos.

Se intenta reducir el subsidio a los combustibles de a poquito, como quien corta rodajas finas de un salami. Parece que cada corte reduce poco el salami, pero con el transcurso del tiempo, el salami se acaba.

Es una buena estrategia. Eliminar los subsidios de un solo golpe sería devastador para la economía popular y para la producción. Un estudio pedido por el Ministerio Coordinador de la Producción estima al subsidio en 4 mil millones de dólares anuales, si llamamos subsidio a la diferencia entre el precio de venta en el país, y el precio que tuviera si el petróleo como materia prima se lo comprase al precio internacional.

Eliminar el subsidio, según ese estudio, generaría un aumento de precios de 32%.

Cuando el estudio se hizo público, el presidente profesó no conocerlo. Con ello lo minimizó y evitó que se lo discutiera públicamente y cunda el pánico. Pero las cautelosas acciones que ha tomado el Gobierno dejan en evidencia que busca reducir gradualmente el subsidio. Lo cual es prudente.

Primero, vinieron ciertas restricciones a la venta de gas residencial por tanquero, para que se expenda al precio de industria a las casas o edificios de departamentos que tengan instalaciones, como jacuzzi o piscina, para los que no está permitida la venta a precio residencial.

Luego se actuó sobre la energía eléctrica: la electricidad más cara es la que quema diésel. Aquí, en lugar de bajar el subsidio, decidió subir la tarifa para el 2% superior de los consumidores residenciales, que no estaban subsidiados, hasta a siete veces el precio de costo para el tramo más alto de consumo. Esto trajo ingresos adicionales por 60 millones de dólares, según el primer mandatario.

Pero esta última medida más la que afectará a la aviación representan en conjunto solo el 3,8% del subsidio: tajadas muy finas del salami. El impacto de las medidas que vengan después será más difícil de contener.

Se anuncia que en 2013, para después de las elecciones, habría un alza de combustibles que permita recuperar lo invertido en la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, 835 millones de dólares. El plan sería recuperar ese dinero el primer año, reduciendo la cuarta parte del subsidio. Se argumentaría que como contraparte se entregará combustible de mayor calidad.

Se mantendría la política de segmentar mercados, protegiendo al consumidor popular. Solo subiría la tarifa para los 500.000 carros de mayor cilindraje, a $ 2,70 el diésel, $ 3 la extra, $ 4 la súper, y habría control central de qué y cuánto combustible se alimenta a cada vehículo, para desalentar la reventa.

Pero esto sería armar un estado policial. Que se busquen otra solución.