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La metida de mano en la justicia no es nueva, pero hoy, con el mandato popular de casi la mitad de los electores (no de la población) que votó en la consulta, lo mínimo que debe garantizarse es el debido proceso y el derecho a la defensa de todos. Por sobre la responsabilidad ulterior que se pudiera determinar de Emilio Palacio y no de Diario EL UNIVERSO, es obligación que en esta transición el Consejo de la Judicatura disponga la investigación de lo que habría ocurrido previo a la sentencia. Caso contrario, no hay garantías, más allá de la desproporción del pedido y la aceptación en el dictamen.
Al país se le enseña –y convence a unos– que la Función Judicial trabaja los sábados, que van a comprar directamente bienes y materiales para mejorar la infraestructura, que se va a reducir el 1’215.000 causas represadas, que van a cambiar la mala imagen y las oficinas que en muchos casos efectivamente se encuentran desorganizadas y en pésimo estado, mientras ponen jueces que se adecuen a las demandas oficiales.
Lo ocurrido con EL UNIVERSO es una prueba clara de que no funcionó el debido proceso y actuaron rapidísimo en las dos instancias, que no sucede con miles de ciudadanos que litigan años y claman justicia. Juicios penales, civiles, laborales, de la niñez, etcétera, que esperan impotentes ser atendidos porque como no llegarán al poder no podrán hacer demandas millonarias y peor ganarlas. Un ejemplo dramático: solo en juicios de alimentos nacionales en los últimos 3 años ingresaron cerca de 100 mil causas y el 65% corresponde a procesos represados.
No se puede dudar de la injerencia cuando existe un decreto de estado de excepción en la Función Judicial o cuando para llegar a la audiencia del juicio contra EL UNIVERSO en la Corte del Guayas había que pedir permiso a autoridades dependientes del Ejecutivo, entre ellos militares, que calificaban o no su paso. Mala actuación cuando en lugar de disponer la investigación para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas por el juez Juan Paredes, de haber recibido de afuera el texto de la sentencia, el Consejo de la Judicatura sanciona a quienes colaboraron para descubrir estos hechos.
No se aplica la Constitución de derechos de Montecristi, que consagra que los órganos judiciales gozarán de independencia interna y externa, y se ha pasado de la deplorable Pichicorte a la consentida Chuckycorte. En el país por cosas menores se reaccionó con firmeza cuando el sector político, la administración de turno y los grupos de poder pisotearon las instituciones. Hoy, con la enorme inversión en obra pública y el bono de desarrollo humano (que regala pescado y no enseña a pescar), se les tiene contentos y aletargados, sin darse cuenta que un bien mayor permanente (las libertades y la democracia) está de muerte.
Tomado de El Comercio.