Su padre
Conocí a Rafael Correa Icaza el año 1964. Llegó a trabajar a la Municipalidad de Guayaquil. Sus hijos eran infantes.
Entonces yo era secretario de la Asociación de Empleados Municipales.
Él era inteligente y erudito, usualmente alegre, pero también impulsivo.
A su madre, Sara Icaza, todos la queríamos, laboraba en la Tesorería Municipal. Muy cercana a ella en el Departamento de Coactivas trabajó Leonor Jiménez, actual presidenta de la Corte Provincial de Justicia.
Cuando en diciembre de 1993, contraje matrimonio con su prima Mercedes Icaza Olvera, estuvo él en la ceremonia.
Semanas antes de su muerte –año 1995– me visitó en el Rectorado de la Universidad, en la vieja Casona, por un trámite administrativo. Hablamos de varios temas.
Seguro que él habrá alcanzado la tranquilidad de su espíritu, porque el Dios de los cristianos no es júpiter tonante.
Dios es amor y comprensión, sobre los errores que todos podamos cometer.
Y los años pasaron
A Rafael le vine a tratar en los años ochenta, cuando al igual que mi sobrina Martha, estudiaba economía en la Universidad Católica.
Incansable y apasionado, estuvo por el NO –yo participé en una mesa redonda en esa línea el año 1986, en esa Universidad, de la que también era profesor– cuando Febres-Cordero intentó manipular la voluntad popular. Ese año escribí el libro El abuso del poder, premio a la mejor obra en ciencias sociales de 1986, un análisis crítico de esa época de dictadura encubierta en formalismos constitucionales. Hoy vivimos una en la que hasta los formalismos se soslayan, en una especie de “qué importa que se den cuenta”.
Su posgrado en Bélgica fue por méritos. Su vinculación con la Universidad San Francisco de Quito le facilitó el segundo posgrado en Chicago.
Para varios seminarios de posgrado se lo contrató en la Universidad de Guayaquil, cuando fui rector. La evaluación de los cursantes usualmente era positiva con la observación que se salía del rigor académico, para disertar de muchas cosas, en su estilo apasionado.
En política conceptual Alberto Acosta lo guió; en política práctica su mentor fue Gustavo Larrea, por eso juntos arrancaron su proyecto político y de gobierno. Hoy los dos están excluidos de su entorno.
Su mayor debilidad
Rodearse de quienes decidieron decirle SÍ, como sometidos, por simplemente serlo o por conveniencias, pero también por negocios y estos a veces son hábiles para direccionar las decisiones suyas, o para ocultarle evidencias o circunstancias que le podrían hacer pensar diferente.
Ahí están algunos de los que el maestro procesalista Tomás Valdivieso Alba calificaba de “tinterillos con título”, porque conocen la letra grande y la chica de la ley, pero no tienen ética jurídica, que debería ser inseparable de la ética del poder.
Se demuestra esa falta de ética en los textos introducidos en la Constitución de Montecristi, que nunca fueron aprobados en segundos debates ni en las reconsideraciones; y, en los contratos ilícitos que se han firmado en su gobierno.
“...el presidente debe saberlo”
No solo la Embajada de Estados Unidos se equivocó al suponer que Correa sabía lo deshonesto que era el general Hurtado y por eso lo designó comandante general de la Policía, el año 2008. ¡Qué feo que Correa diga “no lo conocía”, me pidió su nombramiento el ministro Fernando Bustamante; y, que este responda “el Presidente lo escogió”! Los dos queriendo excluirse de responsabilidades.
Lo cierto: fue la época del Plan Libertador en que se le quitó a la Policía el aparataje de espionaje de comunicaciones, entregado por la Embajada de Estados Unidos, y se lo apropió la Presidencia, instalándoselo en la Fiscalía.
No sé si Rafael conoció los negocios de Fabricio, cuando se los tramitó, pero su entorno del poder facilitó las contrataciones. Lo que es evidente es que cuando la denuncia era imparable, alguien le hizo firmar a Rafael la reforma al Reglamento de la Ley que regula la contratación pública, a fin de que no aparezcan ilícitas tales contrataciones. Después se dio marcha atrás y el entorno del poder se fue contra Fabricio.
En la cloaca contractual petrolera que es el contrato con Ivanhoe, empresa controlada por un grupo con prontuario penal en Estados Unidos, para supuestamente explotar riqueza petrolera por cerca de doce mil millones de barriles de crudo, que firmaron, violando la ley y la ética, oficiales de la Fuerza Naval, en representación de Petroecuador, cuando le exhibí al fiscal Pesántez evidencias de los ilícitos, este me dijo “el Presidente no lo ha de conocer”. ¡Qué pena de un presidente que ignore los ilícitos de su entorno!
¿Y las megaindemnizaciones por daño moral?
Pasan de lo absurdo a lo ridículo: entre demandas, contrademandas y querella penal: 500 millones de dólares.
En declaraciones sobre si esas indemnizaciones deben o no causar impuesto a la renta, se dice que lo que Rafael ha cobrado y lo que quiere cobrar, por supuestos daños morales, para lo tributario equivale a la reparación por la mutilación de las extremidades, y a lo que el Estado pagó por los crímenes de los hermanos Restrepo y de la profesora Consuelo Benavides.
Ni para comparar ética o jurídicamente, tales circunstancias, por la ley, la doctrina y la jurisprudencia.
Después de años de investigaciones y múltiples costos y de largos procesos, por el asesinato y tortura de los Restrepo, se pagó 2 millones de dólares; y, por el caso de la profesora Benavides, 1 millón de dólares.
No hay que ofender a la razón ni a la historia.
¿Por qué menciono lo anterior?
Porque entre tanta irracionalidad, el entorno del poder quiere silenciar a los que piensan diferente; así como, controlar a la función Judicial, para ponerla a su servicio.
Correa, tiempo después, como en el caso del general Hurtado, quizás dirá –si la manipulación del poder se impone– “yo no conocía a quienes mis delegados ungieron para ser juzgadores”.
¿Y el infante de ayer?
El 6 de abril del 2011 cumplió 48 años de edad.