Con un machete en la mano, Juana Aguirre trataba de hacer cuatro huecos para colocar unos palos que le sirvan para delimitar el terreno que su hija Leyvi compró al traficante de tierra Tony Estacio (hermano de Balerio, militante del oficialismo Alianza PAIS) hace cuatro años, en el sector conocido como Ciudad de Dios; y que por falta de dinero no ha podido construir su casa.
“La visita del presidente Rafael Correa nos dejó preocupados. Él dijo que se va a reubicar a las personas de este sector y no queremos quedarnos fuera”, sostuvo Aguirre, quien además limita el terreno para evitar que otras personas lo invadan.
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El pasado martes, el Mandatario en un recorrido por tierra, luego de un sobrevuelo, aseguró que no permitirá más invasiones por lo que anunció la militarización de 9.700 hectáreas donde están asentadas las invasiones Monte Sinaí, Tierra Prometida, Voluntad de Dios y Fortaleza y se calcula que habitan más de cinco mil familias.
Esta zona fue declarada desde el martes como “área de reserva militar”.
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“Si tengo que recorrer una invasión para organizar a la gente lo haré, pero esto se acabó, ni una invasión más, ni una explotación más”, dijo el Presidente en su recorrido. Pero hasta el mediodía de ayer, los militares no se presentaron en la zona, confirmaron los moradores.
Leivy Velázquez pagó hace cuatro años por un terreno $ 200 al mismo Tonny Estacio. Ella y sus tres hijos viven junto a su hermano en una casa construida con madera y ladrillo que está frente de su terreno.
En la vivienda de cuatro metros cuadrados de construcción, que no tiene servicios básicos y el agua la reciben por tanqueros una vez por semana, también habitan los dos hijos de su hermano, en total cinco niños y cuatro adultos, quienes están a la espera de la decisión que tome el Jefe de Estado.
Al igual que Aguirre, decenas de personas con machetes, palos y cañas delimitaban ayer sus terrenos.
Entre los habitantes de estos sectores también existe el temor de ser desalojados por el Gobierno ya que muchos tienen construidas sus viviendas de hormigón.
“El Presidente debe sacar a las personas que recién están invadiendo, pero no a nosotros que ya tenemos nuestras casas hechas de cemento, porque no se nos va a reconocer el dinero invertido, sostuvo un morador de Ciudad de Dios, que prefirió no dar su nombre.
Pero voceros del Gobierno confirmaron ayer que las personas que sean desalojadas serán las que lleven entre tres, dos y un año asentadas en estos lugares. A ellas, dijeron, se les regalará un bono de vivienda de $ 5.000 para que sirva de financiamiento de sus nuevas casas que son construidas en diversas zonas de la urbe, en programas de vivienda del régimen.
Textuales: Lo que se dijo
Dayse Argüello
Moradora
“No queremos salir de aquí, porque esto nos pertenece, hemos pagado por ello, y no es justo que ahora que logramos tener algo nos quieran reubicar y no sabemos a dónde”.
Rafael Correa
Presidente de la República
“Será fundamental el papel de la fuerza pública para mantener el control de las invasiones e impedir que inescrupulosos quieran construir más asentamientos ilegales”.