CARACAS |
En mi artículo de la semana anterior decía que la crisis política continúa pues es evidente que varios de los muchos capítulos de la novela del 30-S no se han cerrado todavía, y no solo eso sino que, por el contrario, algunos recién se han abierto, como el que trae la noticia que en estos momentos leo en la prensa, el apresamiento del ex Director del Hospital de la Policía y de un oficial de la misma rama de la Fuerza Pública bajo graves cargos.
Varias son las voces que se han dejado escuchar desde diferentes vertientes en el sentido de que es necesario, por la tranquilidad del país, que exista una especie de apertura en el Ejecutivo para convocar –no a una concertación nacional porque no debemos ser tan optimistas– por lo menos a ciudadanos de amplio criterio aunque no pertenezcan necesariamente al movimiento político gobernante para que puedan haber otras visiones dentro del Gobierno que le permitan al Presidente de la República actuar con mayor pluralidad.
Ese ha sido también el pedido de la Iglesia Católica, secularmente uno de los poderes fácticos del país, que hay que tenerlo en cuenta porque la inmensa mayoría de los ecuatorianos está identificada con ella, a pesar de que –en rigor y como todos sabemos– ninguna corriente religiosa debería tener influencia ni injerencia en las tareas mundanas de la política.
De cualquier manera, son ciertas dos cosas: que la crisis aún no ha sido superada y que en el comportamiento individual de Rafael Correa y en el manejo del Gobierno debe reflejarse el antes y el después del 30-S, como ocurrió hace más de veinte años con los sucesos de la Base de Taura.
En ocasiones, las conductas políticas o las reformas en este ámbito responden a procesos evolutivos históricos, otras a demandas empujadas por la sociedad y unas terceras a situaciones coyunturales que deben ser atendidas desde el Estado, salvo que “los representantes del pueblo soberano se conviertan en los soberanos representantes del pueblo.” Si ocurre esto último se llega, como consecuencia, al debilitamiento de las instituciones –sobre lo cual me he permitido insistir varias veces en los últimos tiempos– a pesar de que lo que se requiere es lo contrario para mantener o renovar el contrato social, es decir el reforzamiento constante de la institucionalidad.
Ortega y Gasset decía en Esquema de la Crisis, allá por 1942, que “en las grandes crisis históricas” (la nuestra no tiene esa dimensión pero es crisis al fin) “no sabemos lo que nos pasa, y esto es –precisamente– lo que nos pasa, no saber lo que nos pasa”. Parece un trabalenguas pero esa incapacidad para descifrar y entender lo que la sociedad demanda en un momento determinado, puede conducir a serios errores políticos perjudiciales para la ciudadanía y para el propio Gobierno.
No se trata de que gane nadie como sector social sino de que ganemos todos como comunidad nacional. Ese debe ser el propósito desde el 1 de octubre del 2010 si sabemos interpretar los hechos desechando un pernicioso autismo colectivo.
