QUITO
.- El testimonio de la asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán, quedó postergado para un segundo llamado porque se negó a cumplir con esa diligencia a falta de un traductor en la Fiscalía para declarar en quichua, su lenguaje natal.

Tibán fue convocada por el fiscal Gustavo Benítez, encargado del caso que investiga la toma de las instalaciones de Ecuador TV.

La asambleísta fue la primera integrante de la oposición en ser convocada por la Fiscalía para rendir su versión sobre los hechos del pasado 30 de septiembre, en los que supuestamente participó ella y su hermano y ex miembro de la escolta legislativa, Marco Tibán.

Antes de ingresar a la Fiscalía, Tibán dijo que ella y su hermano son perseguidos políticos.

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En esta ocasión, Tibán negó ser una de las supuestas instigadoras del intento de golpe de Estado que habría ocurrido el pasado 30-S, para deponer al régimen de Rafael Correa, tal como lo afirma el Gobierno.

Respecto de su supuesta participación, Tibán dijo: "Solo un collage mediocre y barato de TC Televisión, que se no ha investigado para hacer noticia de lo que supuestamente pasó".

Así, la asambleísta anunció que pedirá el material no editado del video que sacó al aire ese canal, en poder del Estado tras su incautación en el 2008, para que le demuestren, dentro de la demanda internacional que presentará, cuándo ella otorgó su respaldo al supuesto golpe de Estado, que no se dio.

Además, exigió a la Fiscalía convocar al mandatario Correa para que rinda su versión, igual que su hermano, Marco Tibán. "Quiero ver detenido a los culpables de no poder manejar un conflicto interno", agregó.

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A la diligencia frustrada también acudió el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Marlon Santi, para quien, los juicios planteados en contra de varios dirigentes constituyen un proceso de persecución a las organizaciones sociales.

Desde las 08:00 de hoy, seis ex generales que conformaban la cúpula policial rendirán en la Fiscalía su versión libre y sin juramento sobre lo sucedido al interior del Regimiento Quito, dentro de la investigación del presunto delito de tentativa de asesinato contra Correa.

Los uniformados que acudirán a rendir su versión de los hechos son: Freddy Martínez Pico, Rafael Yépez Cadena, Florencio Ruiz Prado, Jaime Vaca Ordóñez y Euclides Mantilla Herrera.

Ayer, con varios decretos ejecutivos, fueron informados de la aprobación de sus solicitudes para ser dados de baja.

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El actual inspector general de la Policía, Nelson Argüello, que el 30 de septiembre era director de la Policía Comunitaria, acudirá esta tarde a la Fiscalía.

MORENO PIDE BAJAR TONO

El vicepresidente Lenin Moreno expresó su apoyo a la instauración de un diálogo nacional, sin incluir a los sectores a los que el régimen llama "golpistas". Ese llamado, dijo a radio Quito, no implica "perdón y olvido" a los responsables de los hechos del 30-S.

Este actual escenario podría -agregó- ser necesario para dar un paso cualitativo en el método de gobernar, con un diálogo basado en el respeto. Reconoció que tanto en el régimen y en la oposición existieron excesos con calificativos fuertes, generalizaciones por lo que ahora es indispensable bajar de tono. "Tal vez lo que debemos cambiar es descalificar actitudes, no personas".

Reiteró que las relaciones entre Iglesia y Estado seguirán cordiales y que toma con mucho respeto sus opiniones.

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Araujo seguirá detenido
Fidel Araujo, mayor del Ejército en servicio pasivo acusado de rebelión y vinculado a Sociedad Patriótica, seguirá detenido en la cárcel, luego de que el juez 14° de Garantías Penales, Leonardo Tipán, le negó el pedido de fianza. El juez alegó la gravedad de los sucesos y las circunstancias que rodean la comisión del delito.

Negado amparo a Guerrero
El juez 24° de Garantías Penales, Galecio Luna, también negó el amparo de libertad que planteó Pablo Guerrero, implicado en el caso que indaga la toma de las instalaciones de Ecuador TV. Con esa resolución se dejó en firme la orden de detención con fines de investigación y por 24 horas enfrenta Guerrero.

Más policías
Wilson Alulema, jefe de estado Mayor de la Policía, dijo que alrededor de 150 policías serían investigados administrativamente por el 30-S, pero el número podría incrementarse cuando lleguen los informes que Asuntos Internos hace en provincias. "Se está identificando a los involucrados y luego se darán las resoluciones pertinentes".