En el artículo ‘Salvemos al cerro El Tablazo’, publicado el 17 de mayo pasado, hice un recuento de las atrocidades que estaban ocurriendo en ese sitio privilegiado que tiene la cabecera cantonal de Santa Elena. Comenté que estaría pendiente de lo que sucedería en este sitio. Desde esa fecha hasta la actualidad, persiste la explotación inmisericorde de grandes rocas por parte de las compañías Verdú y Carlos Morocho Construcciones. Todo esto con el consentimiento del alcalde que hace caso omiso al informe sobre un estudio científico relacionado con la calidad de suelo elaborado por la Espol en el que sostienen que en sitios aledaños al referido cerro existen yacimientos del material explotado y recomiendan la ejecución de vías de acceso. Este informe fue entregado hace doce meses.

El artículo 264 de la vigente Ley Orgánica de Régimen Municipal ordena que el uso y usufructo de la explotación de piedras y arenas solo se deben hacer con el expreso consentimiento del Consejo. El artículo 264 de la Nueva Constitución –numeral 12– sobre las competencias exclusivas de los gobiernos municipales, sostiene que estos deben “regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, riberas de ríos, lagos, playas de mar y canteras”. Aparte de una ordenanza municipal que el año pasado amplió los límites urbanos de la cabecera cantonal abarcando la zona del cerro El Tablazo, por lo tanto, le corresponde a la Municipalidad tomar control sobre este asunto. El alcalde ha ignorado estas herramientas legales para tomar el control efectivo de este sitio. ¿Y los concejales urbanos, qué medidas han adoptado para detener esta masacre? Ellos fueron elegidos precisamente para proteger la zona urbana.

Los miembros de la cooperativa artesanal de pedreros también son responsables de esta situación. Ellos tienen autorización ministerial para explotar artesanalmente el producto, pero a cambio de cierta cantidad de dinero le concedieron la posesión –en el sector de las antenas– a la empresa Verdú, que explota esta zona industrialmente y que actualmente ejecuta el enrocado en Mar Bravo (Salinas), de tal manera que a las arcas municipales no ingresa un solo centavo por esta actividad.

Y para el colmo de males, ahora les relato otra novedad: la reciente invasión que sufre El Tablazo en sus faldas, parte superior y posterior. Cuando una persona está interesada en adquirir un terreno municipal debe presentar la solicitud al Alcalde, la que se envía a los departamentos de Planificación y Terrenos, que califican si es factible o no dicha petición. Si es aprobada, pasa a la Comisión de Terrenos (compuesta por concejales) que emiten un informe que se discute en el Concejo en pleno, que da su aprobación o negación final. Es decir, que el jefe de Planificación se convierte en el primer filtro, pues con su visto bueno permite la venta o alquiler de terrenos. Este funcionario debe responder por la invasión. ¿Quiénes están detrás de esta acción? ¿Quién es el “padrino” de esta invasión? ¿El Alcalde no sabe lo que sucede a su alrededor? ¿Qué clase de asesores tiene? ¿Y los concejales urbanos?

No es posible que sucedan estas cosas en Santa Elena. Parece ser tierra de nadie. A la falta de acción municipal, se suma la desidia de instituciones como Junta Cívica, Federación de Barrios, Fuerzas Vivas… Es hora de reaccionar. El Alcalde debe recapacitar o le pediremos la revocatoria de poder. Es un derecho que tenemos los votantes.