Hace poco el INEC entregó los datos de empleo del primer trimestre. Estas cifras son noticia cada vez que se dan a conocer, por las mismas razones: el desempleo.
En el fondo, el problema es uno: a este Gobierno, más idealista que realista, le parece indigno el salario que gana buena parte de los trabajadores, y humillante que tengan que estar angustiados por el fantasma del desempleo.
Y ha actuado para atender ambos problemas.
Al salario mínimo, el presidente Correa lo ha elevado fuertemente durante tres años consecutivos. Pero aun así se manifiesta frustrado porque aún no puede decretar lo que estima es un salario digno, el mínimo que justifica que alguien trabaje para una corporación privada permitiendo que esta gane plata de su trabajo.
Ese salario digno sería de unos 335 dólares mensuales. Se barajan posibilidades para ponerlo en vigencia, entre esas que las empresas que no puedan pagarlo, tampoco puedan distribuir utilidades a los accionistas.
En cuanto a la estabilidad laboral, se arbitraron medidas para impedir la tercerización: se limita los servicios que una empresa pueda contratar por fuera en lugar de llenar las necesidades con personal contratado directamente; se busca la estabilidad de los trabajadores eventuales; se restringe el trabajo a tiempo parcial.
Salvo por lo que aún no rige el salario digno, el Gobierno ha logrado sus objetivos. Pero a un precio. Las empresas debieron modificar sus planes de negocio al mayor costo laboral, al esperado incremento al salario digno, y al mayor costo sombra que se paga cuando hay que despedir a un trabajador.
El ajuste pasa por mantener la misma producción pero con menos empleados, para justificar el mayor costo unitario. El costo, entonces, de la política laboral y salarial: pérdida de empleos.
¿Cuánto se ha afectado el empleo?
Las actuales autoridades del INEC adoptaron una nueva metodología de medición, por considerar que la anterior no recogía los últimos avances estadísticos. Por lo que solo podemos comparar desde septiembre 2007.
En el tercer trimestre de 2007, 1’040.319 residentes de las 5 principales ciudades del país tenían empleo pleno; dicho de otra manera, el 28,1% de los ciudadanos en edad de trabajar tenía empleo pleno.
A marzo de 2010, los que tienen empleo pleno son 1’027.801, cerca de 13 mil menos.
Pero el Ecuador tiene una creciente mano de obra. En ese lapso, la población en edad de trabajar aumentó en 221.079. ¡Y no se creó ningún empleo nuevo; al contrario, se redujeron! Quien consiguió empleo pleno, fue a expensas de otro. En circunstancias que se cierra la válvula de escape de la emigración; al contrario, los emigrantes retornan.
Hay países que elevaron los salarios cuando había gran inversión privada, por lo que la reducción del empleo para alcanzar una determinada producción se vio compensada por el empleo adicional para atender las necesidades de mayor producción.
Hay a quienes en el Gobierno no les preocupa la pérdida de empleos. Prefieren que la gente trabaje en su micronegocio aunque gane menos, pero no dé de ganar a otros, dueños de capital.
¿Comparte el Presidente esta visión? ¿Tomará medidas correctivas?
