El Gobierno tiene abiertos, innecesaria e inconvenientemente, varios frentes en un amplio espectro: con los indígenas, con algunas agrupaciones que actúan bajo el influjo del MPD, con la Municipalidad de Guayaquil, con los jubilados, con quienes se quejan por la deficiente atención en los hospitales públicos y hasta con los asambleístas de Alianza PAIS que pretenden fiscalizar al Fiscal, todo lo cual perjudica no solo al propio Gobierno sino a todo el país porque se vive un clima de polarización y de crispación que afecta el desarrollo de las actividades productivas, entre las que se incluye el trabajo personal de cada ciudadano.
A la crisis económica que sigue latigueando al Ecuador y al mundo, hay que sumar el peligro de una seria desinstitucionalización del Estado por la pérdida de peso específico de muchos organismos sometidos a la voluntad del Gobierno Central, desinstitucionalización que se verá agravada cuando se consume el proyecto de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por parte de un Consejo Nacional Electoral cuyas actuaciones han sido seriamente cuestionadas desde que permitió que el régimen hiciera una abierta campaña electoral antes de las últimas elecciones pese a la prohibición expresa que existía.
Sin duda que el Consejo Nacional Electoral no está exento de culpa por cuanto hay falencias evidentes en el proceso, que se niega a aceptar, pero también hay que decir que el grueso de la ciudadanía y de los actores políticos –si todavía existen– no dieron la importancia debida a la escogencia de los miembros del Cpccs pues no postularon a las personas más capacitadas –ni a ninguna– para competir por esas plazas, y solo ahora, cuando el tema está al borde de su ultimación, es que quieren anular el procedimiento. Se olvidaron del poder enorme que tendrá ese organismo pues designará nada menos que al Procurador, al Fiscal, al Contralor, al Consejo de la Judicatura, a los Superintendentes, a los Defensores del Pueblo y Público, y a los Tribunales relacionados con los votos.
Con decir únicamente que al Consejo de la Judicatura, elegido por el Cpccs, le corresponderá “dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial” es fácil colegir que tendrá en sus manos, indirectamente, la conformación de esa importantísima Función del Estado cuyo control ha sido perseguido por todos los gobiernos en los últimos decenios, y objeto de múltiples y permanentes apetencias.
En mi artículo del 9 de enero del 2009, hace más de un año, recordaba que en una reunión de corte periodístico mantenida con Fernando Cordero, entonces presidente de la Constituyente y antes de la aprobación de la Constitución, le había manifestado sobre el Cpccs que se trataba “de algo híbrido que no empata con ningún otro alto estamento del Estado, de paso mal concebido y pésimamente estructurado en cuanto a su integración, designación y atribuciones”, agregando que “si querían los asambleístas innovar, creando otra Función, por lo menos hubieran dado al pueblo la opción de elegir, en comicios públicos, a los ciudadanos que integrarían la misma”.
Debo constatar, dolorosamente, que se está cumpliendo lo que supuse (no quiero decir “pronostiqué” porque suena pedante) hace 14 meses, antes de la aprobación de la Constitución, cuando todavía había tiempo para rectificar. Ahora estamos condenados a seguir viviendo una democracia de ficción con un diseño “ultrarrevolucionario”.
