La Junta Cívica de Guayaquil presentará ante la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) una denuncia contra el Estado ecuatoriano por haber violado la libertad a informarse de los ciudadanos.
Su presidente, Miguel Palacios, dijo que esta violación ocurrió cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) ordenó la suspensión temporal de Teleamazonas y aclaró que la medida no es en defensa al canal, sino al derecho de los ciudadanos a informarse de la manera que estimen conveniente.
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Para sustentarla, se argumentará que hubo una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, del cual Ecuador es suscriptor, indicó el jurista Roberto López, miembro de la Junta.
“La convención en su artículo 13 garantiza la libertad de expresión y dice que no se la puede restringir ni si quiera por medios indirectos”, explicó.
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El gremio interpondrá el proceso la próxima semana vía internet, y hasta tanto decidirá si una delegación viajará a Washington para ratificarlo.
En tanto, los procesos jurídicos en torno a la suspensión de Teleamazonas, continúan.
La jueza 8ª de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, Elena Ortega, tenía de plazo hasta ayer para emitir su fallo sobre la acción de protección que planteó la defensa del canal, pero hasta el cierre de esta edición no había un pronunciamiento.
El medio fue sancionado el 22 de diciembre por la Supertel con la suspensión por 72 horas, por reincidir en la difusión de una noticia basada en supuestos. Según el organismo de control la reincidencia se dio cuando transmitió un reportaje sobre el supuesto perjuicio a la pesca en la isla Puná, debido a los trabajos de exploración.
La demanda busca que se declare inaplicable la sanción y que se reparen de forma integral los daños causados.
El abogado del canal, Pablo Ortiz, aseguró la semana pasada que si hay una sentencia favorable se iniciará un proceso civil para hacer efectiva la reparación de los daños. Pero que, si es negativa, queda la posibilidad de la apelación.
En la audiencia del 29 de diciembre, Ortiz reclamó que el castigo de la Superintendencia se basó en el Reglamento y no en la Ley de Radiodifusión y Televisión, como lo exige la Constitución. Pero la Supertel, a través de su representante legal, Juan José Morillo, respondió que la ley sí contempla sanciones, pero dispone que sea el Reglamento el que defina el tipo de infracciones y los castigos.
Además de la acción de protección, Teleamazonas pidió la nulidad de la sanción a la propia Supertel y apeló ante el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).