Su tránsito por el activismo social, principalmente cerca de los grupos indígenas, vinculó al actual presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta (PAIS), con el movimiento ambientalista.
Pero él mismo ha admitido que fue el amor aquello que lo animó a profundizar esa cercanía: su pareja Ana María Varea es bióloga comprometida con esa causa hace 30 años.
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De ahí que haya manifestado su preocupación por los temas ambientales por lo menos en tres momentos del debate de la Asamblea: el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos; el mandato minero; y la inclusión del consentimiento previo o la consulta previa a las comunidades para la explotación de los recursos.
La defensa de esas posturas ha causado fricciones con el mandatario Rafael Correa y algunos de sus coidearios han comentado en privado que él “se interesa más por los arbolitos y el perrito Puppy de la vieja aniñada” que por los humanos.
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En el debate sobre la titularidad de los derechos, los asambleístas de minoría señalaron que, jurídicamente, la naturaleza solo podía ser objeto de obligaciones por parte del Estado.
La discusión del mandato minero se extendió durante varias semanas porque el bloque de PAIS no lograba ponerse de acuerdo respecto a su contenido. Mientras Acosta y un grupo de asambleístas, como Mónica Chuji y sus aliados de Pachakutik, planteaba la reversión total de las concesiones mineras, otro ‘bando’ liderado por el propio Correa abogaba por la minería responsable.
Cuando se aprobó el documento, Acosta encargó la presidencia de la Asamblea a Fernando Cordero para intervenir en el pleno. Esa fue la segunda de las tres ocasiones en que lo ha hecho: la primera fue para negar que haya gestionado obras para Montecristi y, la última, para apoyar el mandato del Fondo de Solidaridad.
En el debate de la titularidad de los derechos y del mandato minero se impuso la tesis de Acosta. Pero en la discusión sobre la consulta y el consentimiento, Correa lleva la delantera porque el presidente de la Asamblea presentó ayer la propuesta que se acerca a la suya.
Ese tema es el que más disgustos causó en el bloque PAIS. Fue en una de esas sesiones que Correa cuestionó que Acosta tenga como asesora a Esperanza Martínez, ex directora de la ONG Acción Ecológica, de quien dijo que “no responde a la línea política del Gobierno”.
A más de esos frentes, Acosta ha cuestionado en duros términos algunas decisiones de la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, como dejar sin efecto la Reserva bosques del Sur y entregar patentes para actividades turísticas en Galápagos.
Pablo Dávalos, ex asesor de la asambleísta Mónica Chuji, comenta que Acosta ha entrado en contradicción con el régimen debido al cambio de discurso político de Correa.
“El Presidente también tenía ciertas inquietudes académicas por la ecología, pero él en realidad expresa lo que en economía se llama ‘desarrollismo’; es decir, la explotación intensiva de recursos para políticas sociales. El ‘desarrollismo’ siempre genera conflictos ambientales y con las comunidades indígenas”, expresa Dávalos, quien agrega que el mandatario necesita liquidez fiscal “para solventar una política de intervención e inversión que le permita tener legitimidad pública”.
Xavier Bustamante, director de Fundación Natura, califica de “positivo” el debate ambiental que lleva adelante la Constituyente. “En la Asamblea de 1998 se hicieron avances, pero no recuerdo que el debate haya sido tan intenso; es la primera vez que se habla de asuntos que son tan importantes como el desarrollo económico”.
Alberto Acosta
Presidente de la Asamblea
“Las consultas previas han sido un engaño. Ahí sí se atropellaron los derechos humanos”.