Durante un recorrido por pozos petroleros de las provincias de Sucumbíos y Orellana, el presidente Rafael Correa dispuso ayer acciones para beneficiar a los pobladores amazónicos y castigar a los responsables de derrames de crudo.
Pidió, específicamente, al Fiscal General desempolvar y dar paso al informe emitido años atrás por la Contraloría. En dicho documento se determinan responsabilidades penales en contra de quienes causaron daños en la selva ecuatoriana.
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Hay que “juzgar penalmente a los causantes de esta barbaridad (que además) es una estafa al país”, dijo Correa tras visitar la finca de Manuel Salinas (76 años), quien vive en la cooperativa 18 de Noviembre, en Shushufindi (Sucumbíos).
Mirando a las cámaras de televisión y empuñando tierra contaminada con crudo, dijo: “Apoyamos el reclamo de los compatriotas (que demandan a Chevron Texaco por la falta de remediación ambiental)”.
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La misma reacción tuvo Correa cuando visitó, luego, los pozos 61, 7 y 38; insistió en la responsabilidad de la multinacional en el daño provocado por la explotación petrolera. “Que el mundo entero mire lo que hizo la compañía”, sostuvo.
El malestar de la gente y del Jefe de Estado lo constataron también los ministros de Energía, Ambiente, Turismo y Salud, quienes se mostraron dispuestos a enfrentar la situación.
Las ofertas no faltaron. Alberto Acosta, ministro de Energía, anunció que continuará “con el plan de remediación de las piscinas contaminadas por Texaco” y emprendido por Petroecuador en el 2004.
Chevron, desde California (Estados Unidos), señaló ayer que “los registros demuestran que Texaco condujo sus operaciones con responsabilidad y realizó un efectivo programa de remediación ambiental en los sitios que estaban bajo su responsabilidad”.