Corte Suprema negó que la ley de crimen organizado se aplique a la industria del tabaco, acusada de fraude por ocultar daño del cigarrillo a la salud.

La Corte Suprema de Estados Unidos negó ayer una apelación del gobierno norteamericano que reclama a la industria tabacalera 280.000 millones de dólares de “restituciones” de beneficios, por “las consecuencias devastadoras” del tabaco en la salud de la población.

Es una reparación legal por décadas de un presunto fraude por parte de la industria.

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La Corte Suprema mantuvo la decisión de una Corte de Apelaciones en el sentido de que el gobierno no puede basar su caso contra las principales tabacaleras en la ley federal dictada para luchar contra el crimen organizado.

Abogados del Departamento de Justicia explicaron que el régimen se valió de esas leyes de crimen organizado para “enfrentar a una actividad de concertación ilegal de décadas de la industria del tabaco que afectó la vida de millones de estadounidenses”.

Además han descrito la demanda como el más importante caso civil contra el crimen organizado jamás presentado por el gobierno.

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El argumento es que las tabacaleras estarían implicadas en una actividad fraudulenta, pues presuntamente sabiendo sobre los daños que causa el tabaco, los encubrió durante años y dirigió su mercadeo a  los menores de edad.

Las compañías han negado que conspiraran ilegalmente para promover el hábito de fumar y dijeron que el gobierno no tiene bases para perseguirlas, luego de que modificaran drásticamente sus prácticas de mercadeo como parte de un acuerdo de 1998 con los fiscales generales.

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La demanda revierte una decisión de la jueza de distrito Gladys Kessler, quien había concluido que la ley sí permite al gobierno buscar la entrega de ganancias de la industria como manera de “prevenir y contener” malas prácticas.

El régimen pretendía exigir la devolución de las ganancias de 50 años a las tabacaleras Philip Morris USA de Altria Group Inc.; Lorillard Tobacco de Loews Corp. LTR.N; Liggett Group de Vector Group Ltd VGR.N; R.J. Reynolds Tobacco de Reynolds American Inc. y British American Tobacco Investments Ltd. de British American Tobacco.

La decisión del máximo tribunal de justicia de EE.UU. representa  una victoria para las tabacaleras, que esperan la conclusión del juicio.

Pero aún corren riesgo de pagar indemnizaciones, aunque inferior a la prevista en la medida que la legislación contra el crimen  organizado no puede ser aplicada a su caso.

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