Se debe proceder a la inmediata reestructuración de la Función Judicial con la intervención de la sociedad civil, a través de un comité calificador de alta categoría moral e intelectual.

Hay que revocar el Reglamento de Carrera Judicial y proceder a una nueva reglamentación que favorezca el esfuerzo laboral, conocimientos y probidad. Esta reglamentación será posterior a la conformación de toda la institución judicial. También, prohibir la existencia de asociaciones judiciales. Cualquier intento de paralización de labores sería sancionado con destitución, y establecer la obligatoriedad de cumplir los horarios de trabajo a todos los servidores; los atrasos o ausencias injustificadas serían motivo de destitución.

Debe pedirse a la Comisión Cívica Anticorrupción y a la Fiscalía General una investigación exhaustiva de las fortunas de los ex magistrados de las cortes supremas de los años 1997 y 2004, y prohibir la percepción de los servidores de la Función Judicial, de emolumentos no permitidos por la ley, pues sería motivo de despidos. Se establecería como tasa máxima por pagarse en cualquier diligencia judicial, cien dólares. Debe reformarse en este sentido el Reglamento de Tasas Judiciales.

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Pedir la reforma de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean nombrados por seis años, y los magistrados más los servidores de las cortes superiores duren cuatro años. En ambos casos podrán ser reelegidos indefinidamente, y prohibir además la militancia política de los servidores judiciales, también bajo pena de destitución.

Dr. Gonzalo Merino Pérez
Guayaquil