Andinos dispuestos a compensar la demora en trámite de patentes

Los delegados de la industria farmacéutica nacional expresaron ayer su preocupación por el giro que adquirió la negociación sobre propiedad intelectual en la XI ronda del Tratado de Libre Comercio (TLC), que se inició el lunes pasado en esta ciudad.

Uno de los acuerdos previos en la mesa que analiza el tema obliga a Ecuador, Colombia y Perú a compensar a las farmacéuticas estadounidenses por las demoras injustificadas en el otorgamiento de patentes. Y lo harían a través de una extensión en el plazo de vigencia de las mismas.

El periodo de protección que recibe una patente es de 20 años, que se contabilizan desde el momento en que se la solicita a la entidad nacional correspondiente.

Alfredo Corral, coordinador ecuatoriano, sostuvo -durante su informe al sector empresarial- que parte del intercambio de estas propuestas pretende que los estadounidenses eliminen exenciones en materia patentable (es decir, revisen su posición sobre elementos o compuestos que no requerirían patente para su comercialización), usos y segundos usos y protección a plantas.

Los laboratorios nacionales critican la posibilidad de establecer dicha compensación.

“Los empresarios pedimos al Gobierno considerar el costo que tendrían para el Estado las múltiples demandas generadas por perjuicios a los ciudadanos cuando se amplían las patentes”, dijo Juana Ramos, representante de Alafar, gremio que agrupa a la industria farmacéutica nacional.

El representante de los laboratorios nacionales, Andrés Ycaza, calificó de “perjudicial” la propuesta que se intenta ejecutar en la mesa de propiedad intelectual.

Los delegados también criticaron el rumbo que toma el debate sobre biodiversidad. EE.UU. está de acuerdo con respetar la legislación nacional sobre el tema; sin embargo, Ycaza afirmó que es necesario que los estadounidenses apliquen cambios en sus leyes porque en su territorio “se ejerce la biopiratería”.

Entre tanto, el equipo negociador de los EE.UU. aceptó la creación de un foro para establecer un mecanismo de entendimiento entre los países firmantes del TLC en el capítulo sanitario y fitosanitario (medidas de tipo sanitario que deben cumplir los productos para ingresar a un mercado).

La propuesta contempla el reconocimiento de los trabajos y estudios de las entidades locales de control sanitario. Así, por ejemplo, los trabajos que sobre el sector atunero tenga el Instituto Nacional de Pesca tendrían un aval.