El ex ministro de Defensa de Ecuador, José Gallardo, salió libre este jueves por una resolución municipal que neutralizó una orden contraria dictada por la Corte Suprema (CSJ) en su contra por estar involucrado en una compra presuntamente irregular de armas a Argentina en 1995.
 
Quince horas después de ser detenido por la policía, Gallardo recuperó su libertad después de que el Municipio de Quito acogió un recurso de hábeas corpus, un mecanismo que permite a los ciudadanos comparecer ante el organismo para que resuelva si su arresto fue legal y si se le suspende o ratifica.
 
La resolución dejó sin efecto la orden de prisión preventiva ordenada por el presidente de la CSJ, Guillermo Castro, en contra del militar retirado por encontrar indicios de malversación de fondos públicos en su contra por la compra a Argentina de 4.998 fusiles FAL y cartuchos que fueron calificados de obsoletos.
 
La polémica transacción, que alcanzó los 7,3 millones de dólares, se concretó en momentos en que Ecuador enfrentaba un conflicto bélico con Perú por la posesión de una zona no delimitada en la región amazónica.
 
Gallardo -un popular general que jugó un papel protagónico en la defensa establecida por Ecuador frente a Perú- rechazó la acusación, indicando que tras ser determinado el estado de las armas se ejecutaron las garantías contractuales y el fisco no perdió nada.
 
Ordenes de prisión fueron dictadas igualmente en contra del Jefe del Comando Conjunto de ese entonces, general Víctor Manuel Bayas, y tres civiles que instrumentaron la operación. No hay informes de que hayan sido capturados.
 
El proceso se inició hace unos cinco años por denuncia de líderes del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), organización con la que Gallardo ha pugnado y a la que pertenece Castro, por lo que afirmó que la decisión fue una "retaliación" (venganza) política.
 
"Querían humillarme", indicó Gallardo al abandonar el recinto militar al que fue trasladado por su rango. El juicio en con su contra continuará a pesar de la disposición municipal.
 
La resolución judicial de Castro provocó el rechazo de varios sectores del país.
 
Gallardo ha sido un férreo crítico de la designación de Castro en diciembre por parte de una mayoría parlamentaria oficialista, con el aval del presidente Lucio Gutiérrez.
 
La compra se hizo a pesar de que Argentina era garante de un tratado de paz suscrito por Ecuador y Perú en 1942, y violando una restricción internacional para la venta de armas a las dos naciones andinas.
 
El ex presidente de Argentina Carlos Menem estuvo detenido durante cinco meses en el 2001 mientras se investigaba la venta de los fusiles, una operación que según afirmaban sus opositores políticos y participantes en la transacción -entre ellos el intermediario al que contactó Ecuador- contó con su anuencia.
 
Entre 1992 y 1995, Menem firmó tres decretos que autorizaban la venta de armas a Panamá y Venezuela, pero que fueron desviadas a Ecuador y Croacia.
 
Ecuador y Perú suscribieron en 1998 un acuerdo de paz que puso fin a sus conflictos territoriales.