Ocho soldados y un civil murieron este miércoles en una carretera que atraviesa una zona selvática del sur de Colombia al ser activado un campo minado por guerrilleros izquierdistas, en el segundo descalabro que sufren las Fuerzas Militares en dos días, informó el ejército.
El ataque, atribuido al ejército a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo rebelde del país, se produjo entre los municipios de Santana y Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, 500 kilómetros al suroeste de Bogotá, en la frontera con Ecuador.
Las tropas realizaban un patrullaje por la zona, en donde existen plantaciones de hoja de coca y laboratorios para producir cocaína, cuando los rebeldes activaron las cargas explosivas que dejaron heridos a otros cuatro militares.
El ataque se produjo un día después de que otra columna de las FARC bombardeó con misiles de fabricación casera -cilindros de gas repletos de explosivos-- una base de la armada ubicada en el departamento de Nariño, acción que dejó 15 infantes muertos y 25 heridos.
Ese ataque se convirtió en el más violento y sangriento que han sufrido las Fuerzas Militares desde que asumió el poder el presidente Álvaro Uribe, el 7 de agosto del 2002, con la promesa de derrotar militarmente a la guerrilla.
Aunque Uribe aumentó el presupuesto, el número de efectivos del ejército y de la policía y recuperó el control de varias regiones que antes dominaba la guerrilla o los escuadrones paramilitares, los grupos armados ilegales que se replegaron, no han perdido su capacidad de realizar ataques, según analistas.
Segundo ataque similar en menos de un mes
A mediados de enero, otros siete militares perdieron la vida al caer en un campo minado sembrado por las FARC en el departamento del Tolima, en el centro del país.
Colombia, que sufre un conflicto interno de cuatro décadas en el que se enfrentan las Fuerzas Armadas, guerrillas y paramilitares de ultraderecha, es el cuarto país del mundo con más campos minados detectados, después de Camboya, Afganistán y Angola, de acuerdo con Naciones Unidas.
A finales de octubre pasado el gobierno de Colombia ordenó destruir más de 8.000 minas usadas para proteger sus bases militares y la infraestructura energética y de telecomunicaciones, con lo que ascendió a más de 21.000 los artefactos inutilizados.
Este país de más de 40 millones de habitantes ratificó en septiembre del 2000 la Convención de Ottawa, que prohíbe el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales, y ordena la erradicación de esos artefactos para el 2005.
Sin embargo, miles de minas, sembradas por la guerrilla y los paramilitares, se encuentran aún en zonas montañosas y selváticas del país, con un grave riesgo para civiles y militares.
Desde 1990 se han registrado más de 3.150 víctimas de minas antipersonales en este país. En el 2004 murieron 455 efectivos de las fuerzas militares en operaciones contra los grupos armados ilegales y la mayoría pereció por acción de campos minados, según el Ministerio de Defensa.
Actualmente se han detectado 5.400 campos minados en Colombia, ubicados en 30 de los 32 departamentos del país.