Polémica por cargos en el Parlamento

ID y PSC piden explicaciones a sus diputados por contratación de empleados cruzada entre curules.

Los presidentes de los partidos Social Cristiano e Izquierda Democrática, Pascual del Cioppo y Guillermo Landázuri, respectivamente, pedirán hoy explicaciones a sus diputados sobre las razones por las que enrolaron en el Congreso Nacional a familiares de sus colegas legisladores.

En el 2004 se presentaron 29 casos de diputados que poseen 39 familiares laborando en el Congreso, pero su rol aparece en otro despacho.

Los diputados, para evitar el delito de nepotismo, aplicaron el artículo 4 del reglamento interno de contratación de personal ocasional legislativo, donde la prohibición para contratar a familiares (cónyuges, hijos, padres y hermanos) se limita a la oficina donde labora el legislador y no en la institución.

Ayer el diputado Alfonso Harb (PSC) comentó que antes de contratar a su primo Benjamín Andrade Viteri, que labora en su oficina, investigó si podía hacerlo. En ese sentido destacó que los únicos parientes de los congresistas que no pueden laborar en el Parlamento, de acuerdo con el reglamento son los padres, hijos, cónyuges o cuñados.

“En este caso el señor Benjamín Andrade Viteri no tiene ninguna de esas relaciones con quien habla. Es una persona que cumple una función de auxiliar del despacho, con un sueldo no mayor a 400 dólares”, señaló el socialcristiano.

En entrevista con radio City de Guayaquil, Harb aseguró que no forma parte del cruce de cargos entre los familiares de los 28 diputados.

Pascual del Cioppo, dirigente del PSC, dijo que hoy dialogará con los miembros de su bloque para determinar la causa de tener parientes cercanos en las curules cruzadas, con otros compañeros del mismo bloque. “Debe haber alguna justificación”, dijo.

Alfredo Serrano(PSC), por su parte, señaló que Brenda Quintero Serrano en efecto es su prima, pero labora en el Congreso hace doce años y él es diputado hace ocho años.

Guillermo Landázuri (ID) anticipó que analizará cada uno de los casos que se presentan, pues puede haber pedidos concertados entre diputados, por lo que habrá que ver si se tomaron en cuenta los méritos de los empleados.

El ex presidente del Congreso dijo que hablará hoy con los diputados involucrados (Ana Lucía Cevallos, Marco Morillo, Ernesto Pazmiño, Hugo Ruiz y Rolo Sanmartín), para aplicar correctivos.

Rodrigo García (ex PK), miembro del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), dijo que no existe una norma legal que sancione a los diputados por tener parientes en otras oficinas. La nueva administración del Parlamento presidida por Omar Quintana, responsabilizará a cada legislador sobre el manejo de los ocho cupos que posee.

Hasta el momento el CAL ha autorizado la contratación de 900 empleados en el Congreso, que corresponde al cupo de ocho para cada legislador, 37 cupos para las dos autoridades (Presidente y Segundo Vicepresidente), dos por cada comisión especializada, incluida la comisión de Codificación y el Comité de Excusas y Calificaciones; ocho para la Coordinación Regional en Guayaquil; seis para el CAL y nueve para la secretaría y pro secretaría del Parlamento.