Este artículo va dirigido al pueblo de nuestro país con una sola intención, tratar de superar la crisis política en la que estamos inmersos, aprovechar la experiencia y volver legalmente al cause constitucional.

“La experiencia no es lo que te sucede sino lo que haces con lo que te sucede”, según Huxley. Todos los ecuatorianos sensatos debemos aceptar que ninguna de las cortes en disputa fueron estructuradas independientes de la política profesional sino al calor de aspiraciones políticas. Como también debemos reconocer que si la cesante tenía un cincuenta por ciento de nexos políticos, la actual tiene el cien por ciento de otros sectores políticos.

Por lo tanto, primera reflexión: no miremos atrás; tratemos que sea la sociedad civil a través de los tribunales más idóneos quienes nominen las cortes y estructuren el poder judicial.

No es posible que 52 legisladores de tres partidos políticos decidan por consignas de dos o tres líderes y controlen la justicia en el país de 13 millones de ecuatorianos; todos tenemos derecho a escoger quienes administren justicia. “El respeto al derecho ajeno es la paz”, Benito Juárez.

Para vivir y respirar en democracia, hay que respetar ese sabio criterio constitucional: “Cada poder del Estado debe ser totalmente independiente”. Y no lo será jamás si permitimos que el poder Legislativo nombre al poder Judicial, por obvias razones. Como tampoco podemos aceptar que el poder judicial nomine al jefe del poder Ejecutivo.

En lógica secuencia, logremos de una vez por todas una Corte al margen de los otros poderes del Estado; y el único camino es recurrir al estrato que está por encima de los tres poderes del Estado, al poder Civil, al pueblo ecuatoriano.

Nuestro pueblo ya contestó en 1997 que no aceptaba la nominación del poder Judicial por el Congreso Nacional. Este artículo constitucional está vigente y sin embargo no lo respetó el propio poder Legislativo ni el Ejecutivo.

Los otros dos poderes del Estado ecuatoriano si cumplieron ese requisito, fueron elegidos por el pueblo; por lo tanto, hay que aceptarlos, pero hace falta uno, el Judicial, que también tiene derecho a que lo elija el pueblo por votación indirecta, sin ingerencia ejecutiva ni legislativa.

Convoquemos un plebiscito concreto con una pregunta: ¿Está de acuerdo que sean las más importantes instituciones inmersas o afines a la profesión jurídica las que nominen al poder Judicial? Si está de acuerdo, delegue la nominación a los siguientes colegios electorales: Universidades del país que tengan facultad de Derecho, Federación Nacional de Abogados - Colegio de Abogados, cámaras de la producción nacionales, Conferencia Episcopal, Fuerzas Armadas. Estos cinco miembros nominarán la Corte Suprema, la cual estructurará el resto del Poder Judicial.

Si queremos vivir democráticamente respetemos la Constitución. Si queremos vivir en paz respetemos el derecho ajeno. Estos son los requisitos que deben cumplirse constitucionalmente para que los tres poderes del Estado nazcan de la voluntad popular.

*Ex ministro de Educación.