Posso asegura que el régimen quiere terminar con la institucionalidad del país

El diputado Antonio Posso, de Pachakutik, aseguró esta mañana en Citynoticias (89.3 FM de Guayaquil) que su movimiento acudirá al congreso extraordinario de este miércoles convocado por el Ejecutivo, pese a que cree que es “ilegal y arbitrario”.

Luego de señalar que las últimas actuaciones gubernamentales “demuestran el autoritarismo y el proceso de acabar con la institucionalidad”, Posso dijo que no está de acuerdo con el nuevo juzgamiento a los ex vocales del Tribunal Constitucional una vez que ya se actuó sobre este tema. “A nadie se le puede juzgar dos veces sobre el mismo asunto. Ese juicio a los ex vocales del TC ya culminó. El gobierno lamentablemente no pudo tener los votos necesarios para cumplir sus propósitos”, recalcó.

Pero más grave es la intención de terminar con una “simple resolución” con la Corte Suprema de Justicia, señaló el legislador de Pachakutik, quien sostuvo que esta acción está prohibida “para el Congreso Nacional ya que el artículo 199 de la Carta Política es muy claro. La Función Judicial es absolutamente independiente de las otras funciones del Estado y no puede sufrir interferencias”.

“Es una barbaridad”, exclamó Posso cuando se refirió a la interpretación de la disposición transitoria vigésimo quinta de la Constitución Política, que, de acuerdo al presidente Lucio Gutiérrez, señala que algunos funcionarios debieron haber terminado sus funciones en el 2003.

Para el congresista, el sentido de esta disposición establece que los magistrados electos por el Parlamento luego del año 1998, para un periodo de cuatro años, postergarán sus funciones hasta enero del 2003, porque terminaban en agosto. “Esa disposición lo único que establece es que se iban a prorrogar cuatro meses más”, explicó. Pero aclaró que enero anterior se eligieron nuevos vocales del TC y del Tribunal Supremo Electoral. “Han estado por sus funciones y ahora arbitrariamente han sido cesados en sus cargos. Esta es una arbitrariedad. Era simplemente para ajustar los periodos de agosto a enero. No se ha dicho que todos los funcionarios van a cesar en sus funciones en enero del 2003 porque si así hubiera sido no hubiéramos elegido a otro tipo de funcionarios como lo hicimos en efecto en enero del 2003”, señaló.

La disposición transitoria vigésimo quinta de la Carta Política dice: “Los funcionarios e integrantes de organismos designados por el Congreso Nacional y el Contralor General del Estado designado, a partir del 10 de agosto de 1998 para un periodo de cuatro años, en virtud de las disposiciones de esta Constitución, permanecerán en el desempeño de sus funciones hasta enero del año 2003”.

Además, Posso piensa que la función judicial está politizada. Pero para que esto cambie, no está de acuerdo que se reemplace a los miembros de los tribunales. Considera que se debe buscar mecanismos, como la reforma a la Constitución Política del Estado, cuyo artículo 202 establece que los magistrados de las Cortes son vitalicios.

Por otro lado, expuso, habría que buscar el mecanismo de cooptación (elegir a una persona como miembro de una sociedad o un cuerpo mediante el voto de los asociados) que se lo puede regular a través de la ley orgánica de la función judicial y estableciendo, incluso, el límite de edad para los funcionarios. “Pero ese es un tema diferente que se lo puede realizar vía reforma constitucional y vía a la ley orgánica de la función judicial, y no de un plumazo de carácter dictatorial como pretende Gutiérrez hacer ahora con su mayoría gobiernista”, concluyó.