Los grupos antiabortistas de Estados Unidos protagonizan un esfuerzo sin precedentes para frenar esa práctica, con la puesta en marcha de medidas disuasivas de dudosa validez científica y el intento de bloquear ciertos nombramientos políticos.

En estos momentos, catorce estados estudian introducir legislaciones que permitan vincular el aborto con el cáncer de pecho, relación que ya defienden los estados de Texas, Kansas y Luisiana.

Además, en el estado de Misisipi, las mujeres que quieren interrumpir su embarazo tienen que firmar un documento en el que aseguran haber recibido suficiente información sobre la relación entre el aborto y el cáncer de mama.

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El avance de esta teoría se produce pese a las conclusiones alcanzadas en el 2003 por el Instituto Nacional Oncológico, que descartan cualquier tipo de relación causa-efecto entre la interrupción del embarazo y el cáncer de mama.

Pero los opositores al aborto no parecen dispuestos a dejarse convencer por la evidencia científica y están haciendo lo imposible para buscar argumentos con los que reforzar su postura.

Según Joel Brind, bioquímico del Baruch College en Nueva York y asesor de la Coalición sobre el Aborto y el Cáncer de Pecho, las posibilidades de que una mujer sufra cáncer de mama disminuyen si da a luz de joven.

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Lo anterior lleva a Brind a concluir que las mujeres que abortan renuncian a la posibilidad de disminuir ese riesgo y, al no reducirlo, lo estarían aumentando.

Los grupos antiabortistas, que salieron reforzados tras la reciente reelección del presidente George W. Bush, también están tratando de frenar el nombramiento del republicano moderado Arlen Specter como nuevo presidente del Comité Judicial del Senado.